Reconstruir España, ¿para quién?

He leído las 82 páginas del programa del PP con una pregunta en la cabeza: ¿por qué tendría que creer estas promesas? Para responder, he comparado lo que ofrece con lo que ha votado en los últimos seis años y con lo que hace en las comunidades donde gobierna.

La pregunta es qué cambia todo esto para alguien que llega justo a final de mes. Para quien paga un alquiler que se come buena parte del sueldo. Para quien necesita una cita médica. Para quien cuida a un familiar y hace cuentas antes de reducirse la jornada. A esas personas no les basta con que un partido diga que comparte sus preocupaciones: necesitan saber qué hizo cuando pudo decidir.

El PP promete un millón de viviendas, menos impuestos, mejores servicios públicos y pensiones que mantengan su poder adquisitivo. También promete reducir la deuda. Es una oferta ambiciosa. Lo que falta, después de recorrer sus medidas, es la cuenta que permita saber cómo encaja todo y quién tendrá prioridad cuando haya que elegir.

La receta se ve pronto: construir más, ayudar a comprar casa y bajar impuestos para animar a invertir. Pero hay un problema que atraviesa buena parte del programa: para aprovechar muchas de sus ayudas primero tienes que tener dinero. Dinero para ahorrar, para invertir, para adelantar un gasto o para que el banco te conceda una hipoteca.

Eso es lo que más me preocupa. Una ayuda puede parecer estupenda y no servirle de nada a quien no llega a final de mes. Y me cuesta confiar en una promesa de protección cuando encuentro votos del mismo partido contra leyes que la ofrecían.

No me basta con leer buenas intenciones. Pero tampoco voy a atribuir al PP cosas que sus votos no demuestran. Rechazar una ley con muchas medidas no significa rechazar cada una por separado. Por eso explico qué se votó y qué ocurrió. He escogido decisiones importantes; esto no es una lista de todas sus votaciones ni un repaso completo de las diecisiete comunidades.

El programa llega hasta la medida 249, pero ocho números (83, 109, 132, 164, 167, 173, 200 y 210) están reservados para anuncios de campaña. Hay huecos en pensiones, familia, trabajo y educación. Me parece una mala forma de pedir el voto: parte de lo que necesitamos saber se guarda para anunciarlo después. Aquí analizo lo que aparece en el documento, sin inventar lo que falta. catálogo oficial del PP

Un título con historia y una derogación muy concreta

La expresión "reconstrucción nacional" tiene un antecedente comprobable en el franquismo. El BOE de 17 de mayo de 1939 publicó un decreto que establecía una prestación personal para ese fin. Su preámbulo remitía al Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional y su articulado imponía la prestación a los varones españoles residentes en España de 18 a 50 años, con cumplimiento personal o aportación económica equivalente. Fuente: BOE de 1939, páginas 2689-2690.

La coincidencia con el lenguaje del franquismo existe. Eso no demuestra que el PP haya elegido el título como homenaje. Lo que sí puedo juzgar es qué quiere hacer con ese nombre.

En memoria histórica hay algo más concreto: propone derogar la Ley de Memoria Democrática y sustituirla por una ley de concordia (medida 129, página 47). Dice que mantendrá la búsqueda e identificación de desaparecidos por razones humanitarias. A mí eso no me basta. Quiero saber qué derechos conservarían las familias, qué tendría obligación de hacer el Estado y con qué dinero.

Si la competencia es tuya, también tienes que dar explicaciones

Hay una forma de repartir las culpas que me cuesta aceptar. En el discurso del PP, el Gobierno central carga con el fracaso de la vivienda. Pero cuando intenta actuar, el partido también le recuerda que esa materia pertenece a las comunidades. Entonces, ¿en qué quedamos? Si reclamas poder para decidir, también tienes que responder por lo que decides.

En vivienda no hablo de una impresión. El 5 de noviembre de 2025, el PP publicó una nota culpando al Gobierno de Sánchez del fracaso de sus políticas y de haber deteriorado el mercado. En esa misma nota criticaba que el Estado condicionara el destino de fondos que las comunidades también financian. La explicación del propio PP.

Además, el Grupo Popular presentó en el Congreso una propuesta para reformar la Ley de Vivienda por considerar que invadía competencias autonómicas. Es una posición escrita y registrada, no una interpretación mía de sus palabras. Propuesta del PP, publicada en el Boletín del Congreso.

Defender las competencias de una comunidad es legítimo. Lo que yo no compro es que sus decisiones desaparezcan del debate cuando toca explicar por qué no hay vivienda asequible. Si puedes decidir sobre vivienda protegida, sus condiciones y buena parte de las ayudas, quiero saber qué has hecho con ese poder. Y si recurres una medida estatal, quiero saber qué solución ofreces tú.

Eso tampoco significa que Sánchez pueda lavarse las manos. El Estado tiene responsabilidades, dinero y capacidad para aprobar leyes. El Constitucional ha reconocido su margen para regular aspectos de la vivienda, al tiempo que ha anulado otros por invadir competencias autonómicas. No es verdad que todo corresponda a una sola administración. Sentencia sobre el recurso de Madrid y sentencia anterior sobre el recurso de Andalucía.

En sanidad y educación aplico el mismo criterio. Las comunidades gestionan los servicios sanitarios y buena parte del día a día de los centros educativos: plantillas, organización y presupuestos. El Estado fija normas comunes y tiene funciones de coordinación y financiación.

Por eso, ante una espera médica o la falta de apoyo en un aula, hay que mirar qué decisión tomó cada uno. No me basta con que el presidente autonómico señale a Madrid ni con que un ministro señale a la comunidad. Reparto sanitario y reparto educativo.

La DANA: avisar de la lluvia y proteger a la población son tareas distintas

Con la DANA del 29 de octubre de 2024, esta distinción tuvo consecuencias mucho más graves. El 31 de octubre, Feijóo defendió a Mazón diciendo que había actuado con la información de organismos como AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependientes del Gobierno central. Declaraciones recogidas por Europa Press.

Pero una cosa es prever el peligro y otra decidir qué hacer para proteger a la gente. AEMET documenta avisos rojos desde las 7:36 de aquella mañana en zonas de Valencia. El mensaje masivo a los móviles llegó a las 20:11, según la información publicada por RTVE sobre la investigación judicial. El aviso meteorológico y el mensaje al móvil cumplen funciones distintas. Lo que quiero saber es qué se hizo para proteger a la población entre uno y otro. Cronología de AEMET y documentación del mensaje recogida por RTVE.

La gestión de esa alerta a la población correspondía a la Generalitat. Interior lo explicó al describir la situación operativa autonómica: la comunidad dirigía la emergencia y gestionaba el envío de ES-Alert, pudiendo pedir medios extraordinarios al Estado. La ley valenciana también asigna funciones de dirección y protección a sus autoridades. Explicación de Protección Civil del 31 de octubre de 2024 y Ley valenciana de Protección Civil.

Que AEMET dependa del Estado no responde a la pregunta de qué hicieron las autoridades autonómicas con los avisos. Tampoco exime de revisar la actuación de los organismos estatales. Yo quiero explicaciones de cada responsable sobre sus decisiones, sus horarios y los medios que puso. Desviar la conversación hacia otra administración no me parece una respuesta suficiente.

Los incendios tampoco permiten cambiar de responsable según convenga

En los incendios forestales, las comunidades organizan sus dispositivos de prevención y extinción. El Estado aporta medios de apoyo y conserva otras funciones. Así lo explica el Ministerio para la Transición Ecológica. Por eso hay que preguntar al Gobierno autonómico por sus equipos, su preparación y las decisiones que toma, además de examinar si el apoyo estatal llegó como debía. Reparto explicado por el Ministerio.

Y hay situaciones en las que cambia la dirección. Cuando se declara una emergencia de interés nacional, la asume Interior. Ocurrió con los incendios de Madrid y Ávila en julio de 2026. En ese caso, también hay que pedir cuentas al Gobierno central por el mando que asumió. No tendría sentido ocultarlo para hacer más cómoda mi crítica. Declaración oficial del 24 de julio de 2026.

Lo que rechazo es que las competencias sirvan para reclamar autoridad y dejen de servir cuando toca asumir responsabilidades. Si el PP quiere que valore cómo gobernaría España, también tiene que responder por cómo gobierna donde ya puede decidir.

Un millón de viviendas y la pregunta por el precio

Para quien busca casa, el anuncio de un millón de viviendas tiene una fuerza evidente. El PP lo acompaña de una receta reconocible: construir más, facilitar la compra y sustituir parte de la regulación del alquiler por incentivos fiscales.

Las medidas 144 a 152 (páginas 53-54) proponen movilizar suelo público y privado, agilizar planeamiento, resolver licencias en tres meses y, en los casos previstos, darlas por aprobadas si la administración no responde, permitir determinadas conversiones de locales y oficinas, impulsar construcción industrializada, rehabilitar y formar trabajadores. También plantean financiación mediante el ICO, el Banco Europeo de Inversiones y otros fondos.

Actuar sobre la oferta tiene fundamento. El Banco de España ha documentado una demanda de alquiler que crece más deprisa que la oferta, junto a la escasez de alquiler social y la competencia de usos turísticos y temporales. Ese diagnóstico no permite atribuir toda la crisis a una sola ley. Fuente: estudio del mercado del alquiler, Banco de España.

Un millón de viviendas suena bien. Lo que no encuentro es cuántas serían públicas y de alquiler permanente, dónde se construirían, cuánto costarían o cuántas se habrían construido igualmente. Para quien busca casa, el número sirve de poco si ninguna está a su alcance.

Contar viviendas iniciadas y terminadas, como promete el programa, será útil. A quien lleva años sin poder emanciparse le interesa además saber si podrá vivir en alguna, cuánto tendrá que pagar y durante cuánto tiempo seguirá siendo asequible.

El antecedente parlamentario: ya votaron contra la Ley de Vivienda

El 27 de abril de 2023, el Grupo Popular votó contra el dictamen de la Ley de Vivienda: 87 votos negativos y un diputado sin voto registrado. La Cámara lo aprobó por 176 votos a favor, 167 en contra y una abstención. Registro nominal del Congreso.

Aquí el PP mantiene su postura: ahora propone derogar esa ley (medida 145). Mi duda es qué pondría en su lugar para proteger al inquilino. Si promete alquileres asequibles mientras elimina límites al precio, tiene que explicar cómo piensa conseguirlo.

Tener ayuda para comprar sigue exigiendo poder comprar

La medida 153 reduce del 10% al 4% el IVA de la primera vivienda para menores de 40 años y permite fraccionarlo; propone acordar un ITP reducido para vivienda usada. La 154 amplía los avales públicos para la entrada. La 155 crea una cuenta de ahorro con aportaciones de hasta 2.000 euros anuales y una deducción del 20% (páginas 54-55).

Son ventajas tangibles para quien puede comprar. En una vivienda nueva de 200.000 euros antes de IVA, pasar del 10% al 4% reduciría ese impuesto de 20.000 a 8.000 euros: 12.000 euros menos, si el precio antes de impuestos permaneciera igual. La cuenta sirve para entender la magnitud de la rebaja; el ahorro efectivo dependerá también de cómo evolucione el precio.

Tampoco doy por hecho que toda la rebaja termine en el bolsillo del comprador. Si hay pocas casas y más gente puede pagar por ellas, los vendedores pueden subir precios y quedarse con parte de la ayuda. Cuánto ocurra dependerá de cada mercado. Por eso me faltan garantías de que el ahorro anunciado llegue a quien compra.

Un aval no te regala la entrada: permite que te la presten. Puede ayudar si tienes un sueldo suficiente y te faltan ahorros. Si la hipoteca no cabe en tu nómina, el problema sigue ahí. Además, si el aval se hace efectivo, el dinero público cubre parte del riesgo.

La cuenta de ahorro ofrecería como máximo 400 euros de deducción por una aportación anual de 2.000. Quien no puede ahorrar quedaría fuera de esa ventaja; quien puede ahorrar más no recibiría más deducción por encima del límite. La diferencia aparece antes de pedir la ayuda: está en el dinero que queda disponible después de pagar lo imprescindible.

El inquilino vuelve a depender del incentivo al propietario

La medida 145 (página 53) propone derogar la Ley de Vivienda y eliminar las zonas tensionadas y el índice de precios. En los nuevos contratos donde hoy funcionan límites, eso dejaría más margen al propietario para fijar el alquiler. Lo que pasara con contratos ya firmados dependería de la nueva ley. Pero para quien tenga que buscar otro piso, la dirección de la propuesta es clara.

El PP sostiene que los límites reducen la oferta. No voy a fingir que es un debate sencillo: un estudio de 2026 sobre Cataluña encuentra menos contratos y algunos resultados menos firmes sobre la moderación de los alquileres. Sus autores advierten de problemas con los datos. No veo base para presentar una sola receta como una solución indiscutible. Fuente: Luis Pérez García, Effectiveness of Rent Controls: Evidence from Spain

Para el inquilino ofrece una rebaja del IRPF según sus ingresos. Para el propietario, una ventaja fiscal si prorroga tres años y sube el alquiler por debajo del IPC (medida 156, página 55). Puede ayudar si el dueño acepta. Pero el inquilino no gana por ello un derecho general a quedarse esos tres años. Tampoco sabemos cuánto cobraría de ayuda ni si la recibiría cuando ya paga poco o nada de IRPF.

La apuesta está mucho más definida para el comprador solvente que para quien necesita seguir de alquiler. El primero encuentra rebajas y avales identificables. El segundo encuentra una deducción todavía sin cuantificar y una prórroga que depende de que el propietario considere atractivo el incentivo. Mientras tanto, el alquiler vence todos los meses.

Octubre de 2026: rechazar la estabilidad obligatoria y ofrecer un incentivo voluntario

Hay un contraste mucho más reciente. El 2 de octubre de 2026, el PP votó contra la convalidación de los dos decretos de vivienda. El primero, el Real Decreto-ley 26/2026, cayó por 172 votos frente a 178. El segundo, el 27/2026, por 166 frente a 184. Fueron votaciones públicas por llamamiento; el Diario de Sesiones incluye los nombres y el voto de Feijóo entre los negativos. Diario del Congreso, con los dos escrutinios y las relaciones nominales.

Los textos eran distintos. El primero agrupaba numerosas medidas; el segundo se centraba en la estabilidad del arrendamiento y regulaba prórrogas sucesivas e indemnizaciones en determinados supuestos de no renovación. Texto del segundo decreto, artículo único.

Aquí encuentro una elección política bastante clara: el PP rechazó aquella protección legal y ahora ofrece premiar al propietario que decida prolongar el contrato. La tranquilidad del inquilino vuelve a depender de que al dueño le compense. Eso es lo que me hace desconfiar de la promesa.

Aquellos decretos fueron sustituidos después por nuevos textos. Por tanto, su derrota describe una decisión parlamentaria concreta, no permite afirmar que todas aquellas medidas sigan hoy desaparecidas. Real Decreto-ley 29/2026, aprobado posteriormente.

Madrid: el anuncio de recurso que sí está documentado

El 6 de octubre de 2026, Ayuso anunció que usaría vías jurídicas contra los nuevos decretos si se aprobaban en el Congreso. Lo hizo en defensa de la propiedad y del mercado. Lo que consta es ese anuncio condicionado; no he acreditado que presentara ese nuevo recurso. Declaraciones recogidas por Europa Press

Sí hay un recurso anterior resuelto. En febrero de 2026, el Constitucional rechazó el del Gobierno madrileño contra varios artículos de la Ley de Vivienda de 2023. Madrid discutía que el Estado pudiera regularlos; el tribunal concluyó que sí podía hacerlo. Otras sentencias habían anulado partes distintas de la ley: este fallo no las borra. Sentencia 17/2026

Lo que veo es un Gobierno autonómico que promete facilitar el acceso a la vivienda y, al mismo tiempo, combate medidas estatales de protección. Puede recurrirlas. Yo puedo pedirle que explique qué protección ofrece a cambio.

Vivienda protegida: la fecha de caducidad también cuenta

En la Comunitat Valenciana, la Ley 5/2026 mantiene una protección general de hasta 30 años, de hasta 20 en determinados suelos y de hasta 15 para cierta vivienda joven en propiedad. Conserva protección permanente para la promoción pública directa, con la excepción prevista en la norma. Artículo 34 de la ley.

Por eso no me basta con contar viviendas protegidas el día que se entregan. Si años después pueden venderse a precio libre, la siguiente generación pierde esa protección. Quiero saber cuántas de las viviendas prometidas seguirían siendo asequibles dentro de treinta años.

Hay un contraste dentro de su propio espacio político: Baleares regula viviendas de precio limitado con carácter permanente. La crítica no puede borrar esa diferencia. Lo exigible es conocer el régimen, el precio y los hogares que realmente pueden acceder. Información oficial del Govern balear.

Ayudar a la empresa no garantiza mejorar tu sueldo

En trabajo, el programa habla sobre todo de formación, autónomos, estabilidad de las plantillas y bajas médicas (medidas 169 a 176, páginas 58-60). Propone un cheque para formarse en inteligencia artificial que el trabajador podría conservar al cambiar de empresa. Lo pagaría con cuotas de formación ya existentes. La idea puede servir, pero faltan el importe, los cursos y algo básico: cuándo tendría tiempo para hacerlos quien ya va justo.

La medida 174 propone que las empresas con plantillas más estables que la media de su sector paguen menos cotizaciones por desempleo. Puede animarlas a mantener empleo. Mi duda es cuánto dinero se destinaría a premiar contrataciones que iban a mantenerse de todas formas. Para distinguir una cosa de otra hacen falta reglas y controles.

Que una empresa pague menos no significa que vaya a subirte el sueldo. Para que eso ocurra también cuentan los convenios y la fuerza que tengan los trabajadores al negociar. No encuentro una subida general de salarios ni una reducción general de jornada en el programa. Me falta la explicación de cómo esas ventajas para las empresas llegarían a la nómina.

La estabilidad laboral que no respaldaron en 2022

El 3 de febrero de 2022, el PP se opuso a convalidar la reforma laboral pactada con sindicatos y organizaciones empresariales. Su grupo registró 87 votos negativos y uno afirmativo, el de Alberto Casero, que el partido identificó como un error. El decreto salió adelante por 175 a 174. Votación nominal.

Aquella reforma puso límites a los contratos temporales y cambió reglas de los convenios. El PP votó contra ella y ahora propone fomentar la estabilidad rebajando cotizaciones. Es una elección que quiero que explique: por qué prefiere pagar a las empresas para que mantengan empleo frente a las reglas que rechazó. Real Decreto-ley 32/2021

Conciliación: el voto que frenó las 37,5 horas

El 10 de septiembre de 2025, los 137 diputados del PP votaron a favor de devolver al Gobierno el proyecto de reducción de la jornada máxima a 37,5 horas. La devolución prosperó por 178 a 170 y detuvo su tramitación. Aquí un "sí" significaba frenar la ley. Registro nominal y objeto de la votación.

La propuesta reducía la jornada máxima sin merma salarial y regulaba registro horario y desconexión. Documentación del proyecto.

Ahora promete bancos de horas y más flexibilidad para organizar la jornada. Después de aquel voto, necesito saber quién decidiría los horarios: el trabajador o la empresa. Poder cambiar de hora ayuda en algunos empleos. Trabajar menos horas en total es otra cosa. Para cuidar, descansar o tener vida fuera del trabajo, esa diferencia pesa.

Enfermar y tener que demostrarlo

La medida 175 promete que las personas con enfermedades graves y largas cobren hasta el 100% de la base reguladora, la cantidad que se usa para calcular la prestación. Eso no siempre equivale al sueldo completo. También da más papel a las mutuas y propone premiar a las empresas que gestionen mejor las bajas.

Si una persona recibe antes sus pruebas y su tratamiento, puede recuperarse antes. Eso sería una mejora. Lo que me preocupa es que se premie reducir días de baja sin comprobar si la gente está realmente recuperada. El programa no explica bien cómo evitaría esa presión. Cuando estás enfermo, la diferencia importa mucho.

Autónomos: detrás del anuncio de "no pagar IVA"

Para los autónomos propone empezar sin pagar cuota, ayudas al contratar, más protección por enfermedad grave y por cese de actividad, y más facilidades para salir de las deudas y proteger la casa (medidas 170 a 172, página 59). Algunas pueden resolver problemas reales. Me falta saber quién pagaría las cotizaciones y hasta dónde llegaría la protección frente a los acreedores.

La propuesta de no cobrar IVA si se factura menos de 85.000 euros necesita explicación. Facturar no es ganar: de lo que entra hay que descontar gastos. Además, el sistema europeo permite dejar de cobrar ese IVA, pero a cambio impide descontar el IVA de las compras ligadas a esa actividad. Fuente: Comisión Europea, régimen de IVA para pequeñas empresas

A alguien con pocos gastos y clientes particulares puede salirle muy bien. A quien compra equipos o mucho material puede no compensarle. Antes de venderlo como una ventaja para todos los autónomos, habría que hacer las cuentas para cada negocio.

El sistema de cuotas que el PP también aprobó

El 25 de agosto de 2022, los 88 diputados del Grupo Popular votaron a favor del Real Decreto-ley 13/2022, que estableció cotización de autónomos según rendimientos y mejoró la protección por cese. Salió adelante por 260 votos frente a 64 y 25 abstenciones. Registro oficial.

Este voto también cuenta. El PP ayudó a aprobar el sistema de cuotas que ahora propone cambiar. Si dice que tiene defectos, le pediré que explique cuáles corregiría, quién pagaría menos y si se mantendría la protección. No sería honesto contar solo sus votos negativos.

Las pensiones subirían con los precios. Falta explicar cómo las pagarían

La medida 108 (páginas 42-43) promete subir las pensiones cada año según el IPC, el índice que mide la subida de los precios, también para quienes se jubilen en el futuro. Quiere recuperar acuerdos entre partidos en el Pacto de Toledo y ofrecer rebajas de impuestos para animar a seguir trabajando mientras se cobra una pensión. La medida 18 mantiene la caja única de la Seguridad Social.

En pensiones, el texto promete mantener las subidas según los precios. No anuncia una privatización, una congelación ni una edad de jubilación nueva. Pero tampoco está creando esa garantía desde cero: ya existe en la ley. Fuente: Seguridad Social, explicación de la revalorización

Mi duda es cómo pagaría esa garantía mientras promete bajar impuestos y algunas cotizaciones. Más empleo y mejores sueldos ayudarían. Pero necesito las cuentas: cuántas personas espera que trabajen, cuánto cotizarían y cuánto tendría que aportar el Estado.

También echo en falta una mejora con cifras para las pensiones mínimas y las no contributivas. Si una pensión es insuficiente, subirla lo mismo que los precios evita que empeore, pero no la convierte en suficiente. La medida siguiente, la 109, está reservada para un anuncio posterior.

Prometer el IPC después de rechazar la ley que lo garantizó

El 2 de diciembre de 2021, el PP votó contra el dictamen de la ley que incorporó la garantía vigente de revalorización conforme al IPC: 85 votos negativos y tres diputados sin voto registrado. La ley incluía otras reformas del sistema; no fue una votación aislada sobre una única frase relativa a la inflación. Registro nominal y Ley 21/2021.

La garantía que hoy promete mantener se aprobó sin su apoyo. Quiero que explique esa diferencia. Aquel voto no demuestra que vaya a recortar las pensiones; sí demuestra que rechazó la ley que incluyó la protección que ahora ofrece.

El recorrido posterior tampoco admite un eslogan de una línea. El PP rechazó el decreto de enero de 2025 que incluía pensiones y otras medidas, y apoyó el nuevo paquete de febrero. En enero de 2026 volvió a rechazar un decreto amplio; en febrero apoyó el de revalorización y rechazó el de vulnerabilidad social, ya separados. Enero de 2025, febrero de 2025, enero de 2026, pensiones en febrero de 2026 y vulnerabilidad social en febrero de 2026.

No voy a escribir que siempre votó contra las subidas, porque no es verdad. Apoyó unas y rechazó otras dentro de decretos más amplios. Pero tampoco me parece aceptable borrar los rechazos porque después cambiara el voto. Un pensionista merece que le expliquen toda la secuencia.

Menos IRPF: cuánto te toca depende de dónde partes

Las medidas 177 a 179 (página 60) plantean aumentar las cantidades libres de impuesto según la situación personal y familiar, bajar la carga de rentas medias y bajas, actualizar parámetros por inflación y reducir el IRPF de trabajadores y autónomos de 18 a 35 años durante los cuatro primeros años en que lo paguen: 100%, 75%, 50% y 25%.

Falta la tarifa y faltan cuantías. Con esos huecos, el contribuyente todavía no puede saber cuánto cambiaría su declaración.

La rebaja para jóvenes tampoco reparte lo mismo entre todos. Si dos personas cumplen los requisitos y una paga 300 euros de IRPF y otra 3.000, quitarles el 100% ahorra 300 a la primera y 3.000 a la segunda. Son cifras de ejemplo, pero muestran cómo funciona. Quien ya paga cero no gana nada más con esa rebaja.

¿Qué pasaría con los jóvenes que ya llevan años trabajando? ¿Habría un sueldo máximo para recibirla? ¿Cómo encajaría con la parte autonómica del IRPF? No encuentro respuestas suficientes para saber quién se beneficiaría y cuánto.

Lo que ya ocurre con el salario mínimo

El PP promete que quien cobre el salario mínimo no pague IRPF y que el umbral se actualice automáticamente cuando suba el SMI. La actualización automática sí es un compromiso que merece examinarse. El punto de partida también importa: Hacienda anunció para 2026 una deducción dirigida a dejar sin cuota a quienes perciban el SMI en los supuestos cubiertos. Retención, obligación de declarar y resultado final son cosas distintas. Fuente: Ministerio de Hacienda, 17 de febrero de 2026.

También propone ajustar el IRPF a la inflación. Dicho de forma sencilla: evitar que una subida de sueldo que solo compensa el encarecimiento de la vida haga pagar proporcionalmente más impuesto. Puede tener sentido, pero el reparto depende de cómo se haga. No beneficia solo a las rentas bajas.

Una ayuda que sí podrían cobrar quienes no pagan IRPF

La medida 158 (página 56) propone unificar deducciones familiares en una ayuda reembolsable, mensual y accesible también sin cuota suficiente. Aquí hay una diferencia importante para las familias con menos ingresos: podrían cobrar la ayuda aunque no tuvieran impuestos que descontar. Bien dotada, podría ser una herramienta útil contra la pobreza familiar.

Faltan importes y requisitos. Aun así, el mecanismo está explicado. La pregunta es por qué esa garantía de cobro no queda igual de clara en otras deducciones, como las de enfermedad o cuidados.

Las rebajas no llegan igual a todos

El IVA cero de alimentos básicos, incluyendo carne, pescado y conservas (medida 180, página 61) puede aliviar presupuestos domésticos si se traslada a precios. Los hogares de renta baja pueden ganar más en proporción a sus ingresos; otros pueden ahorrar más euros por consumir más. No explica con cifras cuándo terminaría esa rebaja temporal.

La medida 181 permite a las empresas descontar antes determinadas inversiones al calcular sus impuestos. Puede ayudarles a disponer de dinero ahora, aunque parte de la ventaja sea pagar más tarde y no dejar de pagar para siempre. También propone adelantar ayudas fiscales a empresas innovadoras que todavía no tienen beneficios. Quiero saber cuánto costaría y qué resultados se exigirían.

Las medidas 183 y 184 hablan de eliminar impuestos que frenen inversión y equiparar el trato fiscal de distintas formas de ahorro mientras siga invertido. Su falta de detalle impide afirmar qué tributos concretos desaparecerían o cuánto ganaría cada patrimonio. La 185 defiende la autonomía tributaria de las comunidades.

Al juntar las medidas, veo muchas ventajas para quien puede ahorrar, invertir, comprar o contratar. También hay ayudas familiares y servicios que podrían beneficiar a quienes tienen menos. Para saber quién sale ganando de verdad habría que sumar lo que cada hogar ahorra en impuestos y lo que recibe en ayudas y servicios. El programa no permite hacer esa cuenta.

En Andalucía, la rebaja a los patrimonios sí encontró mayoría

El 28 de septiembre de 2022, el Parlamento andaluz convalidó el Decreto-ley 7/2022 por 69 votos a favor y 36 en contra. Los 57 diputados presentes del PP votaron sí. La norma incluía deflactación del IRPF y una bonificación del 100% de Patrimonio para aquel ejercicio. Registro de la sesión, votación 3 y explicación tributaria de la Junta para 2022.

Aquí conviene mirar a quién llega cada rebaja. Ajustar el IRPF y quitar el pago de Patrimonio no beneficia a las mismas personas. La segunda ventaja va directamente a quienes tenían suficiente riqueza para pagar ese impuesto. Esa prioridad está en la decisión aprobada; no necesito adivinar intenciones.

La interacción posterior con el impuesto estatal de grandes fortunas cambió el marco: aquella bonificación no permite afirmar que todos esos patrimonios sigan sin pagar hoy.

En el Congreso, el PP votó contra la ley que creó los gravámenes a banca, energéticas y grandes fortunas el 24 de noviembre de 2022; el conjunto se aprobó por 186 a 152 y diez abstenciones. Diario de Sesiones de esa votación pública, con el listado nominal.

Madrid: una ventaja del 20% para determinados nuevos inversores

La Ley madrileña 4/2024 aprobó una deducción del 20% para inversiones financieras de nuevos residentes procedentes del extranjero, con condiciones de residencia y mantenimiento. También pueden cumplirlas españoles que regresen: el criterio no es simplemente tener pasaporte extranjero. Ley publicada en el BOE, artículo 17 bis.

Pienso en la distancia entre esta ventaja y la situación de un joven que no puede ahorrar. Para aprovecharla hay que poder invertir y tener IRPF del que descontarla. El Gobierno madrileño dice que atraerá actividad. Antes de darlo por demostrado, quiero saber qué inversión y qué empleo nuevos ha traído, y cuánto ha costado en impuestos que se dejan de cobrar.

En estos casos el PP sí ha concretado cómo beneficiar a determinados patrimonios e inversores. Por eso me cuesta aceptar tanta vaguedad cuando habla de quienes tienen menos. Les pediría la misma claridad sobre cuánto recibirán y cómo lo cobrarán.

La cita médica no llega con una deducción

Las medidas 219 a 227 (páginas 68-71) prometen reducir listas de espera, asegurar financiación, incorporar al menos 4.500 médicos de Atención Primaria, mejorar condiciones profesionales, reforzar prevención y salud mental, acelerar tratamientos y ampliar paliativos. Hay también un plan específico para Ceuta y Melilla.

Más médicos y menos espera mejorarían la vida de mucha gente. La pregunta que me hago es cómo piensa conseguirlo y qué está haciendo ya donde gobierna.

Los 4.500 médicos necesitan una explicación: dónde trabajarían, cuándo llegarían y cuántos compensarían jubilaciones. También faltan plazos claros para reducir las esperas de consultas, pruebas y operaciones. Sin dinero, profesionales disponibles y fechas, el número es una promesa difícil de comprobar.

Las rebajas de impuestos por gastos de cáncer, ELA, otras enfermedades graves y celiaquía (medida 225) pueden aliviar a algunas familias. Pero antes hay que adelantar el dinero. Y si ya pagas poco o nada de IRPF, falta saber si cobrarías la ayuda igualmente. Cuando alguien necesita atención, me preocupa que la solución dependa de cuánto puede pagar primero.

La propuesta de paliativos merece atención por las necesidades que podría cubrir. El lenguaje sobre el final de la vida tiene una orientación política reconocible, pero el texto no anuncia expresamente la derogación de la ley de eutanasia.

Prometer reforzar la Agencia de Salud Pública después de tumbar su primer proyecto

La medida 222 promete fortalecer la Agencia Estatal de Salud Pública. El 20 de marzo de 2025, 135 diputados del PP votaron contra el dictamen que la creaba y dos no registraron voto. El proyecto cayó por 167 votos frente a 176 y dos abstenciones. Registro oficial.

Tellado justificó el cambio de voto por la intervención de la ministra, a la que atribuyó un discurso sectario. Esa fue su explicación pública; no una deducción mía. La norma se volvió a tramitar y acabó aprobándose en julio, con enmiendas del PP incorporadas en el Senado. No cabe presentar el bloqueo de marzo como la desaparición definitiva de la Agencia. Crónica con las declaraciones del portavoz y Ley 7/2025.

Después de ese episodio, no me basta con una promesa de prevención. Quiero saber por qué una pelea política pesó tanto en una votación sobre salud pública.

También miro lo que hacen donde ya gobiernan

Para juzgar esta promesa miro también a las comunidades. Allí se toman muchas de las decisiones que determinan si hay personal, si un centro abre y cuándo llega una cita.

La nota del Ministerio de Sanidad sobre gasto de 2024 sitúa a Andalucía, Madrid y la Comunitat Valenciana en los niveles más bajos de gasto autonómico por habitante: 1.658, 1.779 y 1.867 euros, respectivamente. Son cifras de la publicación citada, no presupuestos anunciados para 2026. Ministerio de Sanidad, 13 de mayo de 2026.

Gastar menos por habitante no demuestra, por sí solo, que se atienda peor: hay poblaciones más envejecidas y lugares donde cuesta más prestar el servicio. Pero esos datos sí me llevan a pedir explicaciones a quienes prometen una sanidad de referencia.

Madrid: los cincuenta días no cuentan toda la espera

Antes de dar por buena una espera quirúrgica baja, quiero saber quién aparece en esa cifra y dónde le van a operar. Que paguemos la atención con dinero público no significa que el hospital lo gestione la Administración. Madrid también utiliza empresas privadas mediante concesiones y conciertos. La propia Comunidad explica esos modelos. Descripción oficial de los modelos de gestión

El informe estatal de diciembre de 2025 compara la lista que llama "estructural", una de las categorías de pacientes que esperan una operación: Andalucía, 199.950 pacientes y 173 días de demora; Madrid, 80.525 y 50 días; Galicia, 49.554 y 73 días. En diciembre de 2024, Andalucía tenía 194.159 y 176 días; Madrid, 73.436 y 48 días.

En Andalucía aumentó la lista aunque bajaron los días de espera; en Madrid aumentaron ambos. Comparo el mismo mes de cada año porque las esperas pueden cambiar según la época. Pero esas cifras no dicen por separado cómo funcionan los hospitales que gestiona directamente la Administración. Informe estatal de 2025, página 8 e informe de 2024, página 8.

La publicación autonómica permite ver lo que desaparece al resumir Madrid en "unos cincuenta días". En diciembre de 2025 registra 103.967 personas en total, repartidas así:

Registro Unificado de Lista de Espera Quirúrgica de Madrid, diciembre de 2025.

La lista para operarse empieza cuando el especialista indica la intervención, una vez terminadas las pruebas. Todo lo que el paciente haya esperado antes queda fuera. Además, Madrid cuenta aparte a quienes rechazan ir a otro centro, que puede ser público o privado. Siguen en la lista de su hospital, pero pierden el compromiso de un plazo máximo. Los pacientes que temporalmente no pueden ser programados forman otro grupo. Definiciones oficiales del registro

*Tampoco voy a llamar a esos 130,22 días "la espera en la pública".* No sabemos que todas esas personas rechazaran un centro privado. Lo que sí sabemos es que sus 11.584 casos quedan fuera de la media de 49,83 días. A mí me parece una diferencia demasiado importante para despacharla diciendo que Madrid solo espera cincuenta días.

El cuadro también mide cuánto habían esperado quienes salieron de la lista ese mes: 63,05 días de media, contando las categorías publicadas. Es otro cálculo. Salir de la lista no significa necesariamente haberse operado. No quiero mezclarlo con lo que llevan esperando quienes todavía siguen en ella. Mismo cuadro oficial

Hay además una diferencia que las fuentes consultadas no aclaran: el Ministerio recoge 80.525 pacientes en la lista estructural madrileña y la Comunidad, 80.883. Mantengo cada cifra junto a su fuente. No voy a hacerlas pasar por el mismo dato.

¿Cuánto ayuda a bajar la espera enviar pacientes a la privada? Estos datos no permiten calcularlo. Haría falta saber a qué centros van, qué operaciones hacen, cuánto cuestan y qué medios conserva la gestión pública directa. Sin eso, yo no usaría la media de cincuenta días para defender el modelo ni para contar toda la espera que sufre una persona.

Hay además un voto que me parece relevante. Según Europa Press, el 8 de octubre de 2026 el PP impidió que empezara a tramitarse una propuesta de Más Madrid sobre listas de espera. PSOE votó a favor y Vox se abstuvo. Proponía contar el recorrido completo del paciente, publicar los datos con más detalle y aumentar la respuesta presupuestaria tras dos trimestres de empeoramiento.

El PP defendió el sistema actual y dijo que la propuesta buscaba inflar las cifras. Ese rechazo no prueba que falseara datos. Sí me lleva a pedirle otra respuesta: si no acepta esa propuesta, ¿cómo piensa contar la espera que hoy queda fuera? Crónica de la votación.

Madrid prevé 1.195,1 millones en conciertos sanitarios en el presupuesto de 2026, de los que 1.098,5 millones corresponden al ámbito hospitalario. Es previsión presupuestaria, no gasto ejecutado. Memoria oficial del presupuesto.

Lo que quiero saber es qué atención se consigue con ese dinero y qué hospitales, personal y medios propios quedan reforzados. Contratar con una empresa no demuestra por sí solo un mal servicio. Pero tampoco lo convierte en una buena decisión. Para juzgarlo necesito costes, resultados y cuentas claras.

Elegir colegio no significa lo mismo para todas las familias

El programa propone sustituir la LOMLOE, reforzar lectura y cálculo dentro del horario escolar, mejorar la carrera docente, extender FP y becas, y asegurar continuidad de los centros de educación especial (209 a 218, páginas 67-68). También plantea una PAU común (95, página 39).

Reforzar lectura y cálculo puede ayudar mucho a quien no puede pagar clases particulares. Para que se note hacen falta profesores y horas. Prometer el mejor resultado en PISA en cuatro años no me dice todavía cómo van a conseguirlo.

La medida 212 garantiza conciertos educativos donde haya demanda suficiente, con al menos seis años de duración y financiación que cubra el coste real. Si con eso se evitan pagos de las familias, puede ser una mejora. Pero también quiero saber quién consigue plaza, dónde estudian los alumnos que necesitan más apoyo y qué oferta pública queda disponible.

La OCDE advierte de que algunas formas de ampliar la elección de colegio pueden separar más al alumnado según su origen social. El diseño importa. Para mí, hablar de libertad de elección exige comprobar si puede ejercerla también la familia que no tiene coche, dinero para extras o tiempo para desplazamientos. Fuente: OCDE, elección de centro

El programa endurece las condiciones para pasar de curso en la ESO y promete apoyo previo (medida 215). Ese apoyo es lo que quiero ver concretado. Exigir más sin ayudar antes puede dejar atrás a los mismos alumnos de siempre. La Comisión Europea relaciona la repetición de curso con el origen económico y social. Fuente: Monitor de Educación y Formación 2025

LOMLOE y FP: los votos que acompañan a la nueva reforma prometida

El 19 de noviembre de 2020, los 81 diputados del PP que emitieron voto lo hicieron contra la LOMLOE; siete no votaron. Su promesa de sustituirla es coherente con ese rechazo. Votación de conjunto.

En FP, el contraste requiere otra explicación: el 16 de diciembre de 2021 el PP votó contra la votación de conjunto del nuevo marco de ordenación e integración de la Formación Profesional, que salió adelante por 180 votos a favor, 88 en contra y 75 abstenciones. El grupo registró 87 votos negativos. Registro nominal.

Ahora promete ampliar la FP y reforzar la formación que combina aula y empresa. Haber rechazado aquella ley no significa estar contra toda la FP. Pero yo le pediría que explique qué cambiaría, qué mantendría y cuánto pondría para hacerlo.

En Andalucía, el 28 de septiembre de 2022 el PP apoyó la mejora de los módulos de conciertos educativos: 57 síes de su grupo, dentro de una convalidación aprobada por 69 votos a favor, siete en contra y 28 abstenciones. Aquí el programa nacional prolonga una prioridad ya ejercida. Registro autonómico, votación 1. La cuestión es comprobar qué recursos y condiciones ofrece a la escuela pública para que la elección de centro no agrande las diferencias de partida.

Cuidar cuesta dinero antes de que llegue la devolución

La educación de 0 a 3 años sería gratuita al final de la legislatura, en plazas públicas o concertadas, con el coste repartido a medias entre el Estado y las comunidades (medida 163, página 57). Puede ahorrar mucho dinero a una familia. Pero necesito saber cuántas plazas habría, dónde, con qué horarios y con qué personal. Declarar que algo es gratuito no crea una plaza cerca de casa.

Los permisos por nacimiento se ampliarían sin concretar semanas; los bancos de horas y el teletrabajo favorecerían conciliación donde el puesto lo permita (160-162). No tendrá la misma capacidad para aprovecharlo quien organiza su jornada desde un ordenador que quien encadena turnos en una residencia, atiende una caja o sirve mesas.

En dependencia, la medida 114 (página 44) propone financiación plurianual, una aportación estatal del 50% del coste público, deducir el 40% del gasto familiar en atención profesional y cotizar por quienes dejen de trabajar o reduzcan jornada para cuidar.

Cotizar por quien cuida puede proteger su futura pensión. Descontar gastos en el IRPF también puede ayudar. Mi duda vuelve a ser qué ocurre con la familia que no puede adelantar ese dinero o no paga suficiente impuesto para aprovechar la rebaja. Falta explicar si también cobraría la ayuda.

La medida 166 promete reducir mucho la pobreza infantil. No dice qué prestación recibirían las familias ni cuánto. Me cuesta poner esa promesa al mismo nivel que una ayuda con reglas de cobro, como la de la medida 158. Para quien necesita comprar comida o pagar la luz, esa diferencia es decisiva.

Los apoyos que también deben constar

El 9 de septiembre de 2025, el PP apoyó la ampliación de permisos por nacimiento y cuidado: 135 votos afirmativos y dos diputados sin voto registrado. El decreto fue convalidado por 313 votos a favor y 33 abstenciones. La promesa de seguir ampliándolos tiene aquí un antecedente favorable. Registro nominal.

También hay una iniciativa propia en cuidados: el 19 de diciembre de 2024 el Congreso aprobó por unanimidad una proposición no de ley del PP para garantizar recursos a la Ley ELA. Era una petición política al Gobierno: aprobarla no significa que ese dinero ya se hubiera gastado. También quiero dejar constancia de ese apoyo. Nota oficial del Congreso.

Estos votos favorables tienen que aparecer. Mi crítica perdería credibilidad si los escondiera. Sigo viendo dudas sobre el dinero para cumplir el programa, pero no voy a decir que el PP rechaza cualquier mejora social.

Quién llega primero a la ventanilla de las ayudas

Las medidas 40 a 46 (páginas 22-24) plantean visados por puntos, cupos laborales, prohibición de regularizaciones masivas, arraigo excepcional, requisitos de integración y ampliación de instrumentos de retorno. Al mismo tiempo facilitan contratación de origen donde falte mano de obra.

La medida 98 (página 40) propone priorizar determinadas ayudas y recursos según el tiempo y los vínculos en España, las cotizaciones y la contribución realizada. Expresamente indica que la prioridad no podrá basarse exclusivamente en nacionalidad y deberá respetar límites constitucionales y europeos. El alcance exacto, por tanto, dependerá de qué ayudas se incluyan y de cómo se diseñen los requisitos.

Mi preocupación es quién quedaría atrás. Una persona recién llegada o que haya cotizado de forma irregular podría necesitar más ayuda y, aun así, recibir menos prioridad. Dependerá de las reglas que aprueben, que aquí no se detallan. Para mí no se puede tratar igual una pensión que se ha cotizado y una ayuda para una emergencia.

También me preocupa qué pasa con quienes ya trabajan sin papeles. Si se cierran vías para regularizarse sin ofrecer otras que funcionen, pueden pasar más tiempo expuestos a abusos laborales. El programa promete perseguir la contratación ilegal (medida 39). Quiero saber cómo protegería a esos trabajadores mientras lo hace.

En la Comunitat Valenciana ya hay una aplicación regional de esa orientación: el artículo 140 de la Ley 5/2026 introduce el principio de prioridad nacional ligado al arraigo y cambia los periodos de empadronamiento exigidos para la renta valenciana de inclusión, con los supuestos y excepciones que deben leerse en la norma completa. No es solo retórica de campaña. Texto legal. La pregunta es quién queda sin acceso y qué protección conserva cuando su necesidad es inmediata.

El recibo de la luz y los grandes números

El PP propone prolongar centrales nucleares con autorización de seguridad, eliminar el impuesto del 7% a la producción eléctrica, crear una tarifa social única y reforzar redes y almacenamiento (228-231, páginas 71-72). La tarifa social puede mejorar cobertura si identifica beneficiarios y llega automáticamente. Retirar un impuesto reduce recaudación; cuánto llega al recibo depende del funcionamiento del mercado y de la regulación.

A mí me interesa saber si bajará el recibo y si el suministro será seguro. Para responder hay que contar también la inversión, el mantenimiento y los residuos. El programa no permite calcular una rebaja concreta por mantener abiertas las nucleares.

En infraestructuras se anuncian más de 300.000 millones movilizados junto al sector privado durante quince años (117, página 45). No son 300.000 millones de gasto presupuestario nuevo en una legislatura. Haría falta separar aportación pública, privada, proyectos ya previstos y obligaciones futuras. Si hubiera concesiones o pagos públicos aplazados, tendrían que transparentarse.

Para el campo hay propuestas de servicios, conexión a internet, seguros, ayudas e impulso a cooperativas. Pueden ayudar a sostener empleo. Pero una ventaja fiscal por comprar o invertir no llega igual al dueño de una explotación que al jornalero. Además, cambiar acuerdos comerciales o condiciones de fondos europeos exige negociar fuera de España.

Lo cotidiano también son derechos

Las medidas 9 y 10 (página 15) proponen reconocer ayudas sin obligar a pedirlas y garantizar atención presencial. Esto sí puede facilitar mucho la vida a quien no maneja internet, tiene una discapacidad o no sabe qué ayuda le corresponde. Para hacerlo bien hacen falta personal y controles que permitan corregir errores.

La medida 115 (página 44) propone eliminar el procedimiento que permite a las personas trans cambiar el sexo en el registro por su propia declaración. Es un cambio de derechos que también me preocupa.

Las reformas penales y de seguridad de las medidas 21-25 amplían sanciones y capacidad de actuación ante disturbios; su impacto sobre manifestación y garantías dependería de cómo se definan las conductas y del control judicial. La vida cotidiana también depende de poder cambiar un documento, reclamar una ayuda o manifestarse con garantías.

Prometer cuesta poco. Pagar todo esto es otra cosa

Las medidas 1 a 5 (páginas 12-14) proponen auditoría, reducción de estructuras, revisión del gasto, venta de participaciones sin interés estratégico acreditado y disminución de deuda. El programa afirma que no se aprobará gasto sin financiación y que algunas inversiones esperarán a disponer de recursos.

Revisar el gasto y quitar lo que no sirve puede ahorrar dinero. Lo que no encuentro es cuánto. Vender una empresa o una participación pública da dinero una vez; pagar médicos, profesores o ayudas exige dinero todos los años.

Si la economía crece, pueden entrar más impuestos. Pero antes de contar con ese dinero quiero ver qué esperan recaudar y qué harían si la previsión falla. Lo mismo con el fraude: combatirlo no permite gastar por adelantado una cantidad que nadie ha calculado.

Si esas cuentas no salen, tendrán que elegir: cobrar más impuestos, aplazar promesas, gastar menos en otras cosas o cambiar sus objetivos de deuda. El programa no me dice qué escogerían. Y esa falta de respuesta afecta a quien necesita hoy un médico, una plaza escolar o ayuda para cuidar.

Volver a quien llega justo a final de mes

Después de leerlo, sigo sin tener la cuenta completa: cuánto cuesta cada promesa y de dónde sale el dinero. Tampoco sé cuánto recibiría una familia con pocos ingresos frente a otra con patrimonio. Me faltan ayudas que se puedan cobrar de verdad, alquileres protegidos a largo plazo y fechas para contratar personal. Y una respuesta cuando no alcance para todo: ¿qué dejarían para después?

Completar las ocho medidas reservadas será necesario. También explicar qué puede hacer por sí solo el Gobierno y qué exige acuerdos con comunidades, ayuntamientos, Parlamento o instituciones europeas. El ciudadano tiene derecho a saber de quién dependerá el cumplimiento de cada promesa.

Después de comparar las promesas con los votos, no encuentro razones para conceder un cheque en blanco. La garantía de pensiones con el IPC se aprobó sin su apoyo; la reducción de jornada quedó frenada con sus votos; la protección obligatoria del alquiler encontró su rechazo. En las autonomías hay decisiones concretas para favorecer a determinados patrimonios, financiar conciertos y limitar temporalmente parte de la vivienda protegida. También hay apoyos sociales y diferencias territoriales que impiden reducirlo todo a una sola etiqueta.

Mi desconfianza se apoya en esa trayectoria y en la facilidad para pedir poder sin asumir siempre las explicaciones que exige. No necesito adivinar qué piensa un dirigente en privado: necesito que explique por qué ahora debería creer que protegerá mejor a quienes no pueden esperar, qué ha cambiado desde sus votos anteriores y qué garantías ofrece para cumplir.

Vuelvo a quien llega justo a final de mes. Su alquiler vence ahora. La cita que necesita es para ahora. El familiar al que cuida no puede aplazar sus necesidades hasta que crezca la productividad. Antes de pedirle confianza, el PP debe responder por lo que ya decidió. El futuro que promete tiene que pasar también por la prueba de su pasado.