Andalucía para vivir, no solo para trabajar: lo que propone Adelante y lo que todavía tiene que explicar

Siendo cordobés "exiliado" (por voluntad propia), leo un programa andaluz con un interés que no puedo ni quiero disimular. Mi decisión de irme fue libre; sé que para muchas otras personas marcharse tuvo bastante menos de elección.

Pero vivir fuera no hace que Andalucía me importe menos. Me interesa qué pasa con sus hospitales, qué futuro tiene quien estudia allí, cuánto cobra quien recoge una cosecha y si una persona puede quedarse en su tierra sin resignarse a trabajar por poco. También si puede volver quien se fue y quiere regresar.

Desde ahí he leído las 134 páginas de Adelante Andalucía. Y desde una idea bastante sencilla: los políticos trabajan para el pueblo. Para quien necesita un médico, una casa, una pensión o tiempo para cuidar. No para administrar nuestra paciencia mientras todo eso se convierte en una oportunidad de negocio.

Esa es mi forma de entender la política. No consiste en creer a un partido por llevar una determinada etiqueta. Consiste en mirar a quién beneficia una decisión, quién la paga y qué cambia para quienes tienen menos poder para defenderse.

El programa permite hacer esa lectura con bastante detalle. Incluye 29 medidas destacadas y después 719 propuestas numeradas, repartidas entre políticas generales y reclamaciones territoriales. He leído el documento completo, incluida la parte de Córdoba y las demás provincias. Programa íntegro, versión del 10 de noviembre.

Lo que encuentro es una apuesta por ampliar derechos, devolver servicios a la gestión pública y repartir de otra manera la riqueza y el tiempo. También hay costes sin calcular, reformas que necesitan mayorías difíciles y diferencias entre algunos titulares y su desarrollo. Si quiero que la política sirva a la gente, tengo que detenerme en ambas cosas.

Lo que cambia cuando el centro del programa es quien necesita el servicio

Muchas ayudas empiezan exigiéndote algo: comprar una casa, adelantar una factura o tener impuestos suficientes de los que descontarte un gasto. Aquí encuentro otra orientación: ampliar lo que una persona puede recibir directamente de los servicios públicos.

Poder ir al dentista sin pagar toda la consulta, conseguir una plaza infantil, tener asistencia personal o recibir una silla de ruedas sin adelantar el dinero cambia la vida de una familia. Y puede cambiarla especialmente cuando no tiene ahorro, patrimonio o un sueldo alto.

La desigualdad andaluza no es una impresión. El programa cita un 35,6% de población en riesgo de pobreza o exclusión en 2024. Ese dato aparece en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE para aquel año, frente al 25,8% estatal. No lo presento como el último dato disponible ni lo confundo con la tasa de pobreza por ingresos, que es otro indicador. INE, resultados de 2024.

Con ese punto de partida, para mí tiene sentido discutir qué servicios deben estar garantizados antes de discutir qué rebaja recibe quien ya puede invertir. Pero reconocer esa prioridad no significa que cualquier diseño sea bueno. Una prestación puede quedar en el papel, una empresa pública puede gestionarse mal y un derecho sin personal ni presupuesto puede acabar siendo otra espera.

Vivienda: el 20% suena claro, pero hay dos promesas distintas

El bloque de vivienda es de los más ambiciosos (propuestas 157 a 191, páginas 49 a 51). Plantea límites al alquiler, contratos indefinidos, protección frente al desahucio, más vivienda pública, restricciones a los fondos y actuaciones sobre pisos turísticos.

La propuesta 161 merece leerse despacio. El encabezamiento general promete que ningún hogar pagará más del 20% de sus ingresos por su casa. Pero el desarrollo concreta un índice por barrio o municipio para que el alquiler no supere el 20% de la renta media de esa zona. No es lo mismo el ingreso de una familia que la media de su barrio. Bloque de vivienda del programa.

Pongamos un ejemplo sencillo. Si la renta de referencia de una zona fuera de 2.000 euros al mes, el 20% serían 400 euros. Para un hogar que ingrese 1.000, pagar esos 400 sería dedicar el 40% de sus ingresos al alquiler. El ejemplo no intenta calcular un alquiler real: muestra por qué las dos formas de expresar la promesa no garantizan lo mismo.

Me interesa que se limite el precio. Lo que les pido es que aclaren qué protección tendría la familia que queda por debajo de la media y no puede pagar ni siquiera ese alquiler regulado. Si habría una ayuda, una vivienda pública o un límite ligado a sus ingresos reales.

Seguir en tu casa también es una forma de seguridad

Los contratos indefinidos de la propuesta 162 buscan evitar que la no renovación se utilice para expulsar a quien vive de alquiler. La 163 extiende garantías a habitaciones y alquileres de temporada; la 164 quiere que las zonas tensionadas se declaren mediante indicadores, sin depender de la voluntad de cada comunidad.

Para alguien que tiene su vida en un barrio, saber que no tendrá que buscar otra casa cada pocos años importa tanto como el precio. Pero el contrato indefinido necesita reglas: qué causas permitirían terminarlo, cómo se trataría la necesidad acreditada del propietario y qué ocurriría con los contratos ya firmados.

La protección frente al desahucio también exige una respuesta pública. Paralizar el lanzamiento de un hogar vulnerable mientras no tenga alternativa (159) evita que la salida de una vivienda termine en la calle. Ahora bien, si la alternativa nunca llega, la espera no puede convertirse en la política de vivienda. Hace falta un parque disponible y una administración responsable de ofrecerlo.

El programa distingue además entre grandes propietarios y pequeñas propiedades. Propone alquiler social obligatorio para bancos, fondos y grandes tenedores (160), pero también agencias públicas que garanticen el cobro a pequeños propietarios y subarrienden a precio social (189). Esa combinación me parece más útil que hablar de todos los caseros como si estuvieran en la misma situación.

Viviendas públicas que sigan siendo públicas

Quiere llegar a un parque público de alquiler del 9%, hasta el 20% en las zonas de más demanda, con un gasto del 1,5% del PIB (167). Prohíbe venderlo (170) y reserva al menos la mitad de las nuevas promociones a vivienda protegida, de la cual un 60% sería de alquiler social (171).

La permanencia es importante. Una vivienda que deja de estar protegida puede ayudar hoy y desaparecer como recurso asequible para la siguiente generación. Aquí el compromiso es conservarla. Lo que falta es el recorrido: cuántas viviendas cada año, dónde, por qué vías y con qué dinero.

En las 29 medidas iniciales se anuncia recuperar todas las viviendas de bancos y fondos para ese parque. El desarrollo combina incorporación de la SAREB, recuperación de VPO vendida, movilización de pisos vacíos y prohibiciones de determinadas compras. Necesito que expliquen cómo encajan esas vías y cuáles requerirían comprar o expropiar.

Recuperar no significa recibir gratis. La expropiación necesita causa justificada, indemnización y procedimiento. No es un argumento contra intervenir: es una parte del coste y del camino que deben explicar. Constitución, artículo 33.3.

Además, el traspaso de activos de la SAREB a la empresa pública estatal ya había empezado antes de esta campaña. Les pediría distinguir lo nuevo de lo iniciado y las viviendas utilizables de las que necesitan obras. Antecedente del Consejo de Ministros de septiembre de 2025.

También hay propuestas pequeñas que pesan mucho

El préstamo sin intereses para la fianza y el aval público (187) pueden facilitar la entrada a una casa. Pero una fianza prestada sigue teniendo que devolverse. La deducción por primera vivienda (247) también exige poder comprar y tener IRPF del que descontarla. Esa misma limitación la he señalado al analizar al PP y sigue existiendo aquí.

Valoro la salida sin penalización por despido, enfermedad o traslado (190), la rehabilitación prioritaria de hogares con pobreza energética (175) y el alojamiento para personas sin hogar (177). Son medidas que responden a situaciones concretas, no solo a cifras de construcción.

La restricción de pisos turísticos puede devolver uso residencial a algunas viviendas, pero hace falta inspección y evitar que simplemente cambien de etiqueta. Y prohibir nuevas hipotecas variables (178) reduce un riesgo, aunque no garantiza por sí solo préstamos baratos: las condiciones de las hipotecas fijas también cuentan.

Trabajo: recuperar horas de vida, no solo aumentar la productividad

La propuesta 268 promete 32 horas sin bajar el sueldo: en dos años para grandes empresas y cuatro para pymes, con apoyo público para reorganizarse. Añade la prohibición del turno partido (página 63). Propuesta completa sobre jornada.

Aquí veo algo que echo en falta en muchos discursos económicos: reconocer que mejorar la vida también puede significar trabajar menos. El tiempo para descansar, cuidar, estudiar o estar con otras personas no es un premio que deba esperar siempre a que mejoren los beneficios.

Pasar de 40 a 32 horas reduce un 20% el tiempo semanal. Si se mantiene el sueldo, el pago por hora sube un 25%. Son cuentas sencillas, no una predicción sobre el coste de cada negocio: la organización, la productividad y las nuevas contrataciones cambiarían el resultado.

Por eso necesito conocer el plan por sectores. No funciona igual una oficina que una residencia donde debe haber atención las 24 horas. En esta última pueden hacer falta más personas. Y el dinero para contratarlas tiene que aparecer también en el presupuesto de cuidados.

El turno partido se lleva mucho más que las horas contratadas

Quien entra por la mañana, sale unas horas y vuelve por la tarde puede perder prácticamente todo el día. Que el programa quiera acabar con eso (268 y 283) me parece una mejora concreta para mucha gente de comercio y hostelería.

Les pediría una definición que evite trampas y una transición que no se pague con menos sueldo ni con más carga por hora. También cómo se cubrirían actividades con demanda a distintas horas. El objetivo no debería terminar convertido en dos jornadas parciales precarias donde antes había un empleo completo.

Salarios, convenios y despido

Las medidas 269 a 271 quieren recuperar poder de compra, ligar salarios y SMI a la inflación y evitar que las subidas desaparezcan absorbidas por complementos. La cláusula de actualización de convenios bloqueados contiene excepciones y reglas de compensación: no la presentaría como una subida íntegra e incondicional para toda nómina.

También propone 50 días de indemnización por año en contratos indefinidos y 60 en temporales, más control de despidos, prioridad del convenio sectorial y restricciones a las horas extra (272 a 274). El dato del programa no permite afirmar que todo despido llevaría automáticamente esa indemnización: faltan la regulación final, las causas y los límites. Desarrollo laboral, páginas 63 a 65.

Lo que veo en conjunto es una voluntad de dar más fuerza al trabajador al negociar. Esa orientación se nota también en la igualdad salarial de contratas, el control de falsos autónomos y la presencia de trabajadores en consejos de empresas de más de 250 personas (278, 279 y 297).

El límite salarial de uno a cinco dentro de una misma empresa (275) me parece una discusión valiosa sobre el reparto de lo que se produce. Para aplicarlo habría que cerrar una salida evidente: separar sociedades o externalizar los puestos peor pagados. También definir si cuentan primas, acciones y otras formas de cobrar.

El resultado dependerá mucho de la Inspección. Sin personal que compruebe horarios, salarios y contrataciones, una ley puede mejorar sobre el papel mientras el abuso sigue en la misma cocina o el mismo almacén.

La inteligencia artificial no debería ser una excusa para despedir

La propuesta 296 obliga a formar y recolocar antes de sustituir tareas por IA y exige revisión humana de decisiones de despido. La 280 quiere que los beneficios de automatizar también contribuyan a las pensiones.

Estoy de acuerdo con que la mejora tecnológica no pertenezca solamente a quien posee la empresa. Pero falta definir qué se gravaría y cómo se distinguiría una herramienta que ayuda a trabajar de una sustitución de empleo. Lo exigible es una regla que proteja a las personas y se pueda aplicar, no una batalla contra una palabra.

Autónomos y pequeñas empresas: distinguir a quien trabaja de quien concentra riqueza

El programa propone cuotas según ingresos reales, muy bajas con pocos ingresos y cero cuando no haya rendimiento neto; bonificaciones al descansar y durante permisos; gestión fiscal pública gratuita para quienes ganan menos; y más protección por cierre y enfermedad (305 a 309, página 67).

Me parece acertado no tratar a un autónomo con ingresos irregulares como a una gran empresa. También reconocer que cerrar unos días o enfermar no elimina el alquiler del local, los suministros o los demás gastos.

Pero hay que aclarar qué cotización mantendría quien no paga cuota, cómo se calcularían sus prestaciones y quién aportaría la diferencia. Si se cubren gastos fijos durante una baja, habría que definir cuáles, hasta cuánto y durante cuánto tiempo.

El acceso de cooperativas y pymes a contratos públicos, los límites a comisiones de plataformas y la posibilidad de que la plantilla adquiera una empresa completan esa apuesta (310 a 312). Quiero que los procedimientos sean accesibles y transparentes. Llamar social a una empresa no debería bastar para recibir dinero sin control.

Pensiones: el suelo sería el salario mínimo neto, no el bruto

Las propuestas 216 a 225 mantienen la subida con el IPC, quieren proteger constitucionalmente el sistema público y elevar las pensiones mínimas mediante un complemento. Abarca jubilación, incapacidad, viudedad y no contributivas (página 55). Medida destacada y su desarrollo.

Hay un matiz que no quiero perder: la referencia es el salario mínimo neto. Los 1.221 euros que el documento menciona son el importe bruto de referencia de 2026 en catorce pagas. El texto no permite convertirlos en una pensión neta garantizada de esa misma cantidad.

Me parece importante subir el suelo de quien ha pasado una vida trabajando o cuidando y tiene una prestación insuficiente. Pero necesito saber cómo se tratarían varias pensiones cobradas por la misma persona, los ingresos adicionales y las condiciones de cada complemento.

La jubilación ordinaria que propone es a los 64 años. También contempla anticiparla desde los 55 con contrato de relevo, retirar penalizaciones con 40 años cotizados y reconocer trabajos especialmente duros. No dice que cualquier persona pueda dejar de trabajar a los 55 y cobrar sin más una pensión completa.

Para medir el cambio hay que recordar el punto de partida: en 2026 algunas personas ya pueden jubilarse ordinariamente a los 65 por su carrera de cotización; otras tienen una edad general de 66 años y diez meses. Las excepciones y modalidades importan. Guía de la Seguridad Social.

Adelantar el retiro puede dar años de vida con salud. No garantiza automáticamente que una persona joven ocupe cada puesto que queda libre. Eso depende de que el trabajo continúe y de que se contrate a alguien. Prefiero defender el derecho al descanso sin vender una sustitución automática que no está asegurada.

La financiación combina cotizaciones sin topes e impuestos (222). Falta una estimación de ingresos y gastos que incluya también los derechos futuros de quienes aportarían más. Aumentar el suelo y adelantar la jubilación son compromisos permanentes: merecen cuentas que vayan más allá del primer año.

Impuestos: repartir mejor exige algo más que nombrar a los ricos

En fiscalidad propone bajar el IRPF de las rentas bajas y subirlo con fuerza desde 100.000 euros, acercar la tributación del capital a la del trabajo, sustituir Patrimonio por un impuesto sobre riqueza y tierra, fijar mínimos en sucesiones y hacer más progresivo Sociedades (232 a 235, página 58).

La dirección redistributiva es clara. Para calcular el efecto en una declaración faltan los tipos, los tramos, los mínimos y las deducciones. Decir que se sube desde 100.000 euros no significa que todo el sueldo de quien supera esa cifra vaya a tributar al mismo porcentaje.

Tampoco es lo mismo tener un patrimonio muy valioso que disponer cada año de dinero líquido para pagar. Eso no impide gravarlo; obliga a definir valoraciones, deudas, exenciones y posibles aplazamientos. Un pequeño agricultor y un gran propietario de tierras no deberían quedar confundidos por una fórmula demasiado imprecisa.

La tributación permanente de beneficios extraordinarios de bancos y energéticas y el gravamen a grandes cadenas de alimentación necesitan definir qué beneficio es extraordinario y cómo se calcula (236 y 237). Sin eso, no puedo saber cuánto recaudarían ni dar por financiadas todas las políticas que vienen después.

Dos pagadores no significan dos impuestos

La propuesta 245 quiere que quien gane menos de 22.000 euros con dos empleos no tenga que declarar ni encontrarse regularizaciones inesperadas. La preocupación es comprensible: una factura que llega después puede desordenar las cuentas de una persona con poco margen.

Pero tener dos pagadores no hace por sí solo que el mismo ingreso soporte un impuesto mayor. Puede cambiar la obligación de declarar y lo retenido por adelantado. Igualar el umbral de declaración y evitar desajustes de retención son cuestiones relacionadas, pero distintas. Quiero saber cuál cambiarían y con qué efecto final en la cuota. Explicación de la obligación de declarar de la Agencia Tributaria.

El dinero que genera Andalucía: qué sale, qué vuelve y qué propone cambiar Adelante

Esta es una queja que se escucha mucho: aquí se trabaja, aquí se produce y después el dinero aparece en Madrid. No la despacharía como un simple agravio territorial. Pero para defenderla con datos hay que separar tres cosas: dónde se genera riqueza, dónde se registra el pago de un impuesto y qué administración recibe finalmente el dinero.

La propuesta 238 quiere repartir la tributación de las empresas según dónde tienen actividad y empleo, en lugar de que todo dependa de su sede. Me parece importante que el trabajo realizado en Andalucía tenga un reconocimiento fiscal justo. Ahora bien, para que eso termine en más presupuesto para sus hospitales o colegios hace falta concretar cómo se modifica el reparto.

La concentración en Madrid existe y se puede medir

Utilizo 2024 porque permite comparar actividad económica, recaudación y un sistema de financiación ya liquidado. No es el último ejercicio disponible de todas las estadísticas. Para el PIB empleo la estimación revisada que publicó el INE en septiembre de 2026.

Fuentes: INE, Contabilidad Regional de España, serie 2023–2025 y AEAT, ingresos por delegaciones. Cálculos propios de porcentajes sobre los totales de cada fuente; importes redondeados al millón. La delegación especial de Andalucía no incluye Ceuta y Melilla. El total de la AEAT incluye servicios centrales y no equivale a todos los impuestos de todas las administraciones españolas.

El contraste es considerable: Madrid concentra aproximadamente una quinta parte del PIB y más de cuatro décimas de esta recaudación. Andalucía genera más del 13% del PIB y aparece con poco más del 7% de esos ingresos. La geografía de la recaudación no coincide con la geografía de la actividad económica.

La propia Agencia Tributaria advierte de que el domicilio fiscal condiciona la asignación de los ingresos a cada delegación y de que sus cifras no son un buen indicador de la actividad económica territorial. También menciona cambios de domicilio, fusiones y formas de centralizar pagos. Por tanto, no es razonable presentar los 130.397 millones registrados en Madrid como si toda esa riqueza se hubiese generado exclusivamente allí.

Pero tampoco sería riguroso convertir la distancia entre el peso de Andalucía en el PIB y su peso en la recaudación en una factura de dinero que alguien le debe. El PIB no es una base imponible: importan salarios, beneficios, consumo, exenciones y estructura productiva. Estos datos muestran una concentración administrativa; no calculan cuánto dinero andaluz acaba fuera ni aíslan qué parte de la diferencia se debe a las sedes.

Pongamos un ejemplo hipotético, no el caso de una empresa concreta: una compañía tiene hoteles o tiendas en Andalucía y su sede fiscal en Madrid. Puede centralizar allí declaraciones y pagos que incluyen actividad de distintos territorios. Eso ayuda a entender la estadística. No significa que todo ese ingreso pertenezca al presupuesto de la Comunidad de Madrid.

Una empresa que paga en Madrid no entrega automáticamente ese dinero a Ayuso

Aquí es donde muchas explicaciones se tuercen. La Comunidad de Madrid, el Gobierno central y una delegación de la Agencia Tributaria son cosas diferentes. Confundirlas permite que se utilice la misma cifra para presumir de aportar más que nadie o para denunciar que todo lo recaudado desaparece fuera.

Ley 22/2009: régimen de cesión, IRPF y reparto territorial del IVA. La tabla explica el régimen común, al que pertenece Andalucía; no describe los regímenes forales de País Vasco y Navarra.

Esto no quita importancia al problema. Lo sitúa donde está: reconocer dónde se produce y decidir quién recibe los recursos son dos decisiones que deben ir unidas. Si solo cambia el lugar donde se apunta un ingreso estatal, puede mejorar la estadística sin entrar un euro adicional en las cuentas de la Junta.

Andalucía recibe redistribución y aun así queda por debajo de la media

No defendería que cada territorio se quede únicamente con lo que recauda. Una comunidad con menos renta y más necesidades puede salir perjudicada por esa regla. Lo que quiero es que sus habitantes tengan servicios dignos con independencia de cuánto ingresen sus vecinos.

El Fondo de Garantía funciona precisamente para redistribuir: combina el 75% de la capacidad tributaria normativa autonómica con una aportación estatal y reparte recursos según necesidades de población. Después intervienen otros fondos. No es una colecta voluntaria de una comunidad a otra, sino parte del sistema de financiación. Ley 22/2009, artículo 9.

Fuente: Ángel de la Fuente, Fedea, liquidación de 2024, cuadros 3, 8 y 9. La financiación efectiva incorpora ajustes del autor para comparar competencias y esfuerzo fiscal. El saldo del Fondo de Garantía es solo una pieza, no la balanza fiscal total. Tampoco significa que los 6.010 millones andaluces procedan exclusivamente de Madrid.

Las dos cosas pueden ser verdad a la vez: Andalucía recibe redistribución y el resultado sigue dejándola por debajo de la media para atender necesidades comparables. Eso es lo que no quiero que se pierda entre el discurso de que vivimos de otros y el de que todo nuestro dinero se lo llevan.

La diferencia andaluza es de unos 193 euros por habitante ajustado respecto a esa media. Aplicada a los 8.466.186 habitantes ajustados del informe, da alrededor de 1.634 millones de euros en ese ejercicio. Es un cálculo de orden de magnitud a partir de cifras redondeadas, no una deuda reconocida ni una cantidad demostrablemente extraída por empresas con sede en Madrid. La población ajustada es una medida de necesidades, no el censo real.

Ahí hay una reclamación concreta que merece respuesta. Si unas necesidades comparables reciben menos recursos, hablamos de capacidad para contratar personal, mantener centros y prestar servicios. No puedo traducir automáticamente esos millones en una cifra de médicos o viviendas sin calcular costes, pero tampoco tratarlos como una discusión de contables sin consecuencias para la gente.

Qué tendría que cambiar para que esta propuesta dejase más recursos aquí

La medida de Adelante puede ser relevante si va más allá de trasladar un domicilio o cambiar una columna estadística. Le pediría que concretase tres compromisos:

1. Cómo atribuiría la actividad empresarial. Qué peso tendrían empleo, centros productivos, ventas u otros indicadores y cómo evitaría desplazamientos artificiales. No basta con decir que una empresa vende aquí para atribuirle aquí todo su beneficio.

2. Qué ingreso recibiría Andalucía. Si propone ceder parte de Sociedades, crear otro mecanismo o cambiar el reparto de los recursos estatales. Y cómo afectaría eso a los fondos que ya recibe.

3. Cuánto ganaría al final del sistema. Una simulación con datos, después de compensaciones y redistribución, que permita comprobar el aumento real del presupuesto disponible.

También hay que distinguir el dinero público del beneficio privado. Que una parte mayor de un impuesto financie servicios en Andalucía no obliga por sí solo a una empresa a reinvertir aquí sus ganancias. Para eso importan también salarios, proveedores locales, cooperativas, inversión y condiciones de las ayudas públicas.

Mi posición es clara: el trabajo y el territorio andaluces deben contar en el reparto de la riqueza y en las decisiones económicas. Pero no necesito escribir que Madrid nos roba para defenderlo. Me parece más sólido exigir que se reconozca dónde se genera la actividad y que Andalucía deje de quedar por debajo de la media en recursos para necesidades comparables. La propuesta merece atención por lo que puede cambiar; el programa todavía tiene que demostrar, con una simulación completa, cuánto cambiaría.

Un impuesto sanitario que no puede pagar para siempre lo que quiere eliminar

La propuesta 242 grava los beneficios obtenidos por la sanidad privada mediante conciertos y destina ese ingreso a investigar contra el cáncer. Al mismo tiempo, el programa quiere acabar con esos conciertos.

No es necesariamente una contradicción: el impuesto puede servir mientras dure la transición. Pero entonces hay que decirlo y garantizar qué financiación tendrá la investigación cuando esa actividad desaparezca. No quiero que un recurso necesario dependa a largo plazo de mantener el negocio que se pretende eliminar.

Sanidad: lo público tiene que notarse en la consulta

Adelante plantea un suelo sanitario del 8% del PIB, gestión pública directa, fin de conciertos y externalizaciones, auditoría del gasto y entrada progresiva de las mutualidades del funcionariado en el sistema público (1 a 9, página 36).

La diferencia entre pagar con dinero público y gestionar públicamente está aquí en el centro del programa. No presenta como equivalente que una operación se haga en un hospital gestionado por la Administración o mediante una empresa que obtiene un beneficio.

Es una apuesta que entiendo. El acceso a un tratamiento no debería organizarse según lo rentable que resulte el paciente. Lo que les exigiría es un plan de transición que incluya instalaciones, profesionales, contratos y costes. Si se elimina actividad concertada antes de tener capacidad para asumirla, la espera también puede crecer. Defender la gestión pública obliga a prepararla bien.

Hay plazos que permiten pedir cuentas

La atención primaria tendría cita en 48 horas, al menos diez minutos por consulta y un máximo de 1.500 pacientes por profesional de medicina y enfermería de familia (8). El programa quiere dedicarle al menos el 25% del presupuesto sanitario. Para especialistas, pruebas y operaciones fija máximos de 30, 15 y 120 días; en salud mental, 15 desde la derivación (11 y 37).

Es mucho más comprobable que prometer simplemente mejorar la sanidad. Para quien sufre ansiedad o lleva semanas sin saber qué le pasa, el calendario importa. Pero hay que contar también cuánto tarda la derivación y cuándo empieza cada plazo. No quiero que una cita rápida esconda meses anteriores fuera del registro.

La propuesta de psicología en primaria, más plazas de formación y una red comunitaria de salud mental da contenido a esa promesa (36 a 46). Lo mismo ocurre con ampliar dentista, óptica, podología y nutrición (35). No se trata solo de curar más: se trata de que una prestación deje de depender del saldo de la cuenta.

También propone garantizar tratamiento del cáncer en 21 días desde el diagnóstico, apoyo laboral y psicológico, más cuidados paliativos y atención rural (26 a 34). Los plazos deberían ajustarse a las necesidades clínicas de cada caso: un máximo administrativo no puede convertirse en permiso para esperar cuando se requiere actuar antes.

Cuidar al paciente exige cuidar a quien le atiende

El fin de guardias de 24 horas, el reconocimiento del relevo entre turnos como trabajo, las ratios de enfermería y la estabilidad de las plantillas tienen una relación directa con la atención (15 a 25).

Un profesional agotado y con demasiados pacientes no se arregla con una campaña de agradecimiento. Aquí hay propuestas sobre condiciones concretas. Mi pregunta vuelve a ser cuánta plantilla adicional haría falta y dónde se formaría o contrataría.

El programa también quiere recuperar limpieza, mantenimiento y transporte sanitario con sus trabajadores (3). Valoro que incluya a quienes suelen quedar fuera de la foto del servicio público. Su incorporación necesita respetar derechos laborales y las reglas de acceso al empleo público, además de asegurar continuidad del servicio.

Las gafas: un antecedente que sí se puede comprobar

Adelante registró en enero de 2024 una propuesta sobre gratuidad de productos ópticos y salud visual. El Parlamento andaluz la aprobó para remitirla al Congreso el 16 de octubre de aquel año. El expediente identifica al Grupo Mixto-Adelante Andalucía como proponente. Expediente oficial andaluz.

El 8 de abril de 2025, el Congreso aceptó tramitarla con 342 votos a favor y ninguno en contra. Aprobar su tramitación no era aprobar definitivamente la ley. Y tampoco convierte a Adelante en titular exclusivo de todos los avances posteriores. Diario del Congreso, sesión del 8 de abril.

El Gobierno puso en marcha por otra vía el Plan Veo, con ayudas de hasta 100 euros para personas de 16 años o menos. Ese plan existe y no equivale a una cobertura gratuita de toda la salud visual para toda la población. La norma fue modificada en octubre de 2026. Información de Sanidad y modificación del Plan Veo.

Para mí, el antecedente demuestra capacidad de llevar una necesidad cotidiana a las instituciones y reunir apoyos. Eso tiene valor. También tiene límites: la evaluación debe llegar hasta qué recibe hoy la familia, no quedarse en la aprobación que permite anunciar una victoria.

Educación: que la renta familiar pese menos dentro del aula

El bloque educativo combina más financiación, reducción de alumnos por clase, estabilidad docente, plazas públicas de FP, inclusión, comedores y una transición hacia una sola red pública y laica (70 a 131, páginas 42 a 46).

Las ratios máximas propuestas son 15 en Infantil y Primaria, 20 en ESO, 25 en Bachillerato y 12 en FP (77). También fija apoyos para alumnado con necesidades específicas, sustituciones en 48 horas y mejoras para el personal de integración y las educadoras infantiles.

Entiendo esas propuestas pensando en una familia que no puede pagar refuerzo por la tarde. Una escuela con más tiempo y apoyos puede compensar parte de esa diferencia. Pero hacen falta aulas, profesionales y formación. Bajar la cifra legal sin crear plazas y contratar personal no reduce la clase que recibe el alumno.

El final de la concertada necesita una transición de verdad

La propuesta 72 quiere eliminar progresivamente la red privada concertada e incorporar profesorado y alumnado a la pública. La 73 saca la religión confesional del horario lectivo y del currículo.

Comparto que el dinero público deba sostener una escuela que no seleccione por la capacidad económica de la familia. Al mismo tiempo, quiero que expliquen cómo se haría la transición sin trasladar la incertidumbre a quienes estudian o trabajan en esos centros. Qué instalaciones se utilizarían, cómo se incorporaría al personal y en qué plazo.

Aquí hay coherencia con un voto concreto. El 28 de septiembre de 2022, las dos diputadas de Adelante votaron contra el decreto que aumentaba los módulos de conciertos educativos. Fueron dos de los siete votos negativos; la norma salió con 69 síes y 28 abstenciones. El voto acredita su rechazo a ese decreto, no demuestra por sí solo qué efecto tuvo sobre cada colegio. Registro oficial, votación 1.

Estudiar tampoco termina en pagar la matrícula

La gratuidad de 0 a 3 años se plantea mediante plazas públicas, con una segunda educadora por aula y atención a familias con turnos (103 y 104). Los comedores serían de gestión directa y gratuitos para rentas medias y bajas (105 y 106). En FP, quiere cubrir toda la demanda pública y remunerar prácticas, con ayuda parcial a pymes para hacerlo (110 a 113).

Son propuestas que afectan al tiempo y al bolsillo de una familia. Me parece relevante que se acuerden de quienes trabajan a horas que no encajan con el horario habitual de una escuela infantil. Pero abrir atención nocturna exige explicar cómo se protege a la infancia y qué alternativas laborales permitirían también reducir la necesidad de esos turnos.

En universidad propone gratuidad progresiva, más financiación, fin de la precariedad, residencias y becas que atiendan mejor las circunstancias económicas (132 a 156). La matrícula importa, pero a quien se desplaza también le cuestan el alquiler, el transporte y vivir durante el curso.

La apuesta por residencias públicas y por recuperar personal científico emigrado conecta con algo más amplio: poder estudiar y trabajar en Andalucía sin depender del dinero familiar. Quiero plazas estables y convocatorias con fechas, no campañas de retorno que duren lo mismo que una subvención.

Cuidados: dejar de vivir con el cronómetro en la mano

Aquí encuentro algunas de las propuestas que más claramente traducen un derecho a vida cotidiana. Una ley estatal de cuidados, mayor financiación de dependencia, ayuda a domicilio de gestión directa, residencias pequeñas y asistencia personal para vivir de forma independiente (192 a 208, páginas 52 y 53).

La valoración tendría un máximo de 150 días y el programa prevé consecuencias si la Administración incumple. También quiere que la ayuda se adapte a la necesidad real, no a intervenciones medidas minuto a minuto.

Quien necesita que le ayuden a levantarse, asearse o comer no puede ajustar su cuerpo a un contrato de pocos minutos. Tampoco puede hacerlo la trabajadora que encadena domicilios, desplazamientos y sueldos bajos. Reconocer el tiempo de desplazamiento y las enfermedades profesionales afecta a ambos lados del cuidado (197).

Valoro especialmente el pago directo de prótesis, sillas y otros productos de apoyo (203). Si una familia no puede adelantar el dinero, una ayuda que llegue meses después puede no servirle cuando la necesita. Aquí la propuesta afronta precisamente esa barrera.

El estatuto de la cuidadora principal, las cotizaciones por cuidados y la compensación de ingresos pueden proteger a quienes abandonan o reducen empleo. Pero deben ir acompañados de servicios que permitan elegir. Pagar una prestación sin ofrecer relevo puede dejar a las mismas mujeres cuidando solas, ahora con un ingreso algo mayor.

Crianza y renta básica: proteger sin pedir que primero seas pobre del todo

La propuesta 212 ofrece entre 100 y 200 euros mensuales por hijo hasta los 18 años, para todas las familias. Eso supone entre 1.200 y 2.400 euros anuales por menor, antes de conocer cualquier regla adicional. También busca más protección para familias monoparentales, reducir pobreza infantil y actualizar el indicador que se usa para muchas ayudas (209 a 215).

Una prestación universal puede evitar trámites y que se queden fuera personas con derecho. Para valorar su reparto final hay que mirar también los impuestos: que una familia rica cobre la misma ayuda no significa que el sistema completo le deje la misma cantidad si después aporta mucho más.

Ahora bien, entre 100 y 200 euros hay el doble de presupuesto. Necesito saber qué cifra sería, cómo cambiaría con la edad y cuándo empezaría a pagarse.

La renta básica universal de la propuesta 298 es bastante más amplia. La vincula al umbral de pobreza, la hace compatible con otros ingresos y la financia con la reforma fiscal. No es simplemente mejorar el ingreso mínimo para quienes carecen de recursos: ser universal e incondicional cambia por completo su alcance.

Para mí tiene sentido discutir que nadie quede sin ingresos para vivir. Lo que no puedo hacer es dar por financiada una renta de esa dimensión sin conocer quién la cobraría, qué otras prestaciones mantendría, cómo se recuperaría parte mediante impuestos y cuál sería el coste final. El desembolso inicial y el coste después de recaudar no son la misma cifra.

También hay compromisos más inmediatos: prestación puente mientras se resuelve una incapacidad, baja al 100% desde el primer día y mejora de subsidios por desempleo (299 a 304). No habría que esperar a resolver todo el debate sobre renta básica para explicar el calendario de esas protecciones.

Banca pública: el crédito también decide qué economía tenemos

Las propuestas 255 a 259 plantean una banca pública para financiar vivienda, pymes y actividades de interés social, una aseguradora pública y empresas públicas en sectores estratégicos. También quieren impedir que para acceder a un préstamo se impongan determinados productos vinculados.

La idea tiene consecuencias prácticas: una cooperativa, una pequeña empresa o un proyecto de vivienda pueden necesitar financiación aunque no ofrezcan la rentabilidad que exige un banco privado. Una entidad pública puede valorar beneficios sociales que el mercado deja fuera.

Pero debe explicar de dónde sale su capital, cómo se seleccionan los proyectos y quién controla el riesgo. Prestar dinero no es regalarlo; tampoco garantiza que vuelva. Una banca al servicio de la población necesita dirección profesional, criterios públicos y vigilancia de los conflictos de intereses. Si termina financiando a los conocidos de quien gobierna, habrá traicionado su propósito.

El programa reclama además recuperar recursos del rescate bancario y auditar deuda (251 y 252). Lo convertiría en compromisos comprobables: qué cantidades considera recuperables, por qué vías y en qué plazo. No todo el dinero que se reclama puede apuntarse como ingreso disponible para el próximo presupuesto. Bloque económico, páginas 58 a 69.

Supermercados públicos, campo y turismo: cambiar quién se queda con el margen

La red de supermercados públicos busca pagar mejor a agricultores y ganaderos y abaratar la compra mediante cadenas de distribución más cortas (medida 9 y propuesta 313). El resumen dice que la medida no tiene desarrollo, aunque después sí aparece una propuesta con ese número. Esa segunda mención confirma la intención, pero tampoco ofrece un plan operativo (páginas 12 y 68).

Pagar más en origen y cobrar menos al consumidor puede ser posible si se reducen márgenes o costes. No elimina el transporte, la conservación, el personal o las pérdidas de producto. Quiero conocer el modelo: tiendas propias, colaboración con cooperativas, zonas prioritarias, inversión y gastos de funcionamiento.

Me parece especialmente importante qué haría en pueblos donde ya cuesta mantener una tienda. Una red pública podría asegurar abastecimiento; también debería evitar que su despliegue termine dañando al pequeño comercio al que el propio programa quiere proteger. El diseño decidirá si se complementan o compiten.

No todo el campo es un latifundio

El programa distingue la gran propiedad de quien cultiva y vive de una pequeña explotación. Propone cambiar las ayudas de la PAC para dar más peso al trabajo, facilitar tierra a jóvenes, apoyar cooperativas, venta directa, obradores compartidos y compra pública de productos locales (314 a 336 y 439 a 452).

Esa distinción me parece necesaria. Defender el campo no debería consistir en proteger indistintamente al propietario que cobra rentas y a quien se levanta para trabajar una explotación con poco margen.

El freno al olivar superintensivo, la protección del agua y el apoyo a la ganadería extensiva necesitan planes de transición y alternativas viables. Si se cambian exigencias sin acompañar a la pequeña explotación, el coste puede recaer sobre quien menos capacidad tiene para asumirlo. Y modificar la PAC o las condiciones comerciales exige negociar en Europa, no solo aprobar una ley española.

También trabaja quien hace posible las vacaciones de los demás

En turismo hay una propuesta que va más allá de atraer visitantes: recuperar Residencias de Tiempo Libre, ofrecer alojamientos públicos asequibles, un programa parecido al Imserso para otras edades, tasa turística para vivienda y medio ambiente y participación de las plantillas en beneficios (266).

Me interesa esa idea de que descansar no sea un lujo reservado a quien puede pagarlo. También que el turismo deje más riqueza donde se desarrolla y mejores condiciones a quien limpia habitaciones o sirve mesas.

Pero harían falta importes, plazas y reglas. Y una política coherente sobre el territorio: ofrecer vacaciones más asequibles no debería reproducir la misma saturación que se critica. El éxito tendría que medirse por la mejora del empleo y de la vida local, no solo por las pernoctaciones.

Trenes para vivir en Andalucía, no solo para pasar por ella

En movilidad propone prioridad al ferrocarril convencional, Cercanías en las ocho provincias, conexiones entre capitales y ciudades medias, billetes integrados y transporte a demanda para los pueblos (374 a 396, páginas 78 a 80).

El horizonte es llevar Cercanías o media distancia a municipios de más de 20.000 habitantes en diez años. También desviar la mitad de los fondos previstos para nuevas líneas de alta velocidad a servicios cotidianos y mantenimiento. Diez años exceden una legislatura: eso necesita una planificación que puedan controlar quienes vengan después.

Como cordobés, entiendo bien el interés de mirar la red desde las comarcas y no solamente desde los grandes trayectos. Un tren sirve para ir a trabajar, estudiar, visitar a una persona o llegar al hospital. Ahorrar tiempo a quienes hacen eso cada día también es una mejora económica.

La propuesta de abono único puede facilitar desplazamientos con varios medios. Pero un abono barato no compensa que el tren no exista, pase pocas veces o llegue a una hora inútil. Por eso el servicio y la tarifa deben avanzar juntos.

Auditar los accidentes sin dar la causa por demostrada

Pide una auditoría independiente tras Adamuz y Urda y más mantenimiento y personal. También quiere revertir la liberalización y acabar con externalizaciones (380 y 381).

Investigar y publicar resultados me parece exigible. Lo que no haría es convertir la coincidencia entre un modelo de gestión y un accidente en una causa ya probada. Las responsabilidades técnicas y las decisiones que contribuyeron a cada siniestro tienen que establecerlas las investigaciones.

Además, revertir la liberalización exige abordar normas europeas de acceso al mercado. Agrupar o reforzar empresas públicas no es lo mismo que excluir operadores. Quiero saber qué puede cambiarse en España y qué requeriría una negociación europea. Marco ferroviario de la Unión Europea.

Energía, calor y agua: que lo básico no dependa de poder pagarlo

El programa quiere recuperar redes y grandes instalaciones para la gestión pública, crear una empresa energética con presencia andaluza y garantizar suministros mínimos a hogares vulnerables (397 a 413, páginas 82 y 83).

La prohibición de cortes y la aplicación automática de ayudas afrontan una necesidad inmediata. También que el apoyo térmico cubra refrigeración, algo especialmente relevante en Andalucía. Pasar calor extremo dentro de casa no es una incomodidad menor que no poder calentarse en invierno.

Recuperar la propiedad pública de instalaciones exige detallar si se compran, se expropian o se aprovecha la finalización de concesiones. Crear una comercializadora y recuperar toda una red son operaciones distintas. Falta un inventario y un coste para conocer la dimensión real de la promesa.

La transición energética necesita que las piezas encajen

Plantea sacar el gas del sistema eléctrico en 2030, limitar macroplantas y priorizar tejados y comunidades energéticas. También restringe grandes centros de datos por su consumo de agua y energía.

Comparto que el territorio y el agua no sean un simple soporte para proyectos que dejan poco a la población. Aun así, cerrar gas, frenar determinadas instalaciones y asegurar suministro exige explicar cuánta generación, red y capacidad de almacenamiento habrá en cada momento.

Tampoco daría por buena sin matices la frase de que toda la electricidad se paga al precio de la fuente más cara. El mercado mayorista influye, pero existen contratos a largo plazo y otras fórmulas. La reforma europea de 2024 precisamente impulsa mecanismos para reducir la dependencia de los precios de corto plazo. Explicación de la Comisión Europea.

El Guadalquivir y el artículo que ya no está vigente

La protección del agua combina gestión pública, mínimo vital, cierre de pozos ilegales, prioridad del abastecimiento y caudales ecológicos, además de medidas para sequías e inundaciones (414 a 419). Para Doñana propone protección legal específica y reconocimiento como sujeto de derechos (423 y 433).

Pero hay una afirmación jurídica que no puedo pasar por alto. La propuesta 349 reclama gestión exclusiva de la cuenca del Guadalquivir por la Junta y lo justifica porque el Estatuto la reconoce. El Constitucional anuló en 2011 el artículo 51 del Estatuto que atribuía aquellas competencias exclusivas, por tratarse de una cuenca que afecta a más de una comunidad. Sentencia 30/2011.

Se puede defender otra organización de la gestión y más participación de Andalucía. Lo que no se puede presentar es aquel artículo anulado como un derecho vigente pendiente simplemente de ejecutar. Aquí tienen que explicar qué cambio proponen y por qué vía.

Córdoba: mirar los proyectos sin que nos baste con ver nuestro nombre

El apartado cordobés incluye tres líneas de Cercanías, recuperación de conexiones ferroviarias y actuaciones en carreteras (664 a 668, página 127). Me interesa que la Campiña y el norte de la provincia aparezcan con necesidades concretas, además de la capital.

Las líneas propuestas se orientan al eje de Palma del Río, al de Montoro y Villa del Río y al de Montilla, Aguilar y Puente Genil. Para juzgarlas querría horarios previstos, demanda, estaciones, accesibilidad y fases. Una línea dibujada no es todavía un tren que alguien pueda usar.

También pide recuperar Bobadilla–Córdoba y Córdoba–Almorchón, la A-81 y mejoras en A-4 y N-502. Aquí hay que encajar las actuaciones viarias con su prioridad general de invertir antes en mantenimiento y ferrocarril. No toda carretera nueva es innecesaria, pero esa excepción necesita razones y presupuesto como las demás.

La Mezquita: gestión y propiedad no se resuelven con la misma frase

La propuesta 505 pide un patronato público para la Mezquita y el Patio de los Naranjos. El resumen provincial habla además de titularidad y gestión pública. Son cuestiones que deben aclararse: crear un órgano de gestión no determina por sí solo la propiedad del bien.

Como cordobés me interesa que su conservación, su acceso y sus ingresos sirvan al interés general. Para evaluar la propuesta necesito saber qué figura jurídica utilizarían, quién participaría, cómo se rendirían cuentas y cómo se atenderían los usos religiosos y culturales. Que el patrimonio tenga un valor que nos pertenece a todos no evita tener que explicar su régimen legal.

El Cabril: cerrar no hace desaparecer los residuos

La propuesta 407 reclama un cierre ordenado y un nuevo plan estatal de residuos. Entiendo que una comarca cuestione la carga que soporta y exija transparencia. Pero no quiero reducir esa discusión a llamar a Córdoba un basurero.

El Cabril almacena residuos de muy baja, baja y media actividad. También recibe materiales procedentes de hospitales, investigación e industria, además de instalaciones nucleares. No debe confundirse con un almacén de combustible gastado de alta actividad. Información de Enresa y Consejo de Seguridad Nuclear.

Si se propone dejar de recibirlos, hay que explicar dónde irían los nuevos, qué se haría con los ya almacenados, quién pagaría la vigilancia y qué futuro laboral tendría la comarca. Pedir esa respuesta no significa aceptar cualquier ampliación. Significa que una política pública debe resolver el problema completo.

Más allá de Córdoba: que el territorio no termine siendo una lista de obras

Las últimas páginas aterrizan propuestas en las ocho provincias y dedican una sección propia al Campo de Gibraltar. Este es un resumen de prioridades, no una relación de obras aprobadas ni de necesidades comprobadas por un estudio independiente:

Reclamaciones territoriales, páginas 123 a 133 del programa.

Veo atención a problemas que quedan fuera cuando Andalucía se cuenta solo desde sus capitales. Pero una lista extensa puede esconder que todo parezca prioritario a la vez. Diferenciar un estudio, un proyecto y una obra financiada ayudaría a saber qué compromiso se está asumiendo realmente.

Por ejemplo, el programa propone un ferri entre Huelva y Cádiz sin atravesar Doñana. Esa intención no demuestra por sí misma que no existan impactos ambientales: rutas, terminales y operación necesitarían evaluación. Lo mismo ocurre con cualquier carretera, puerto o nueva línea ferroviaria. La protección del territorio también debe aplicarse a las obras que propone el propio partido.

Defender Andalucía también exige explicar las cuentas

El programa reclama más recursos para Andalucía, cambios en la financiación autonómica, inversiones estatales y transferencias de competencias (337 a 373). Propone que las comunidades participen en un 55% del IRPF y un 70% del IVA, además de modificar otros elementos del sistema.

Su horizonte político es un modelo confederal, con pueblos libres e iguales, y reclama para Andalucía el máximo nivel de autogobierno. Entre las medidas concretas figuran transferencias de Cercanías e Inspección de Trabajo y gestión de prestaciones por desempleo sin romper la caja única de la Seguridad Social. No conviene confundir todas esas propuestas: unas afectan a la organización administrativa y otras requieren un cambio político y constitucional de mucha mayor dimensión. Autogobierno, páginas 73 y 74.

Conviene entender qué significan esos porcentajes. No son rebajas para el contribuyente. Indican qué parte de la recaudación se atribuiría a las comunidades. Tampoco basta con elevarlos para saber cuánto recibiría Andalucía: importan el reparto, la nivelación entre territorios y los servicios que se deben financiar.

La desigualdad de financiación tiene una base comprobable. El análisis de Fedea sobre la liquidación de 2024 sitúa a Andalucía en un índice de financiación efectiva por habitante ajustado de 94,7, con la media en 100. Ese indicador tiene en cuenta necesidades de gasto y ajustes metodológicos; no significa que cada andaluz reciba exactamente un 5,3% menos en cualquier servicio. Informe de Fedea sobre la financiación autonómica de 2024.

Me parece razonable exigir que vivir aquí no suponga tener peores servicios. También exigiría explicar cómo se mide esa desventaja y cómo se corrige sin convertir la discusión en una pelea entre vecinos de distintas comunidades.

Su rechazo al principio de ordinalidad necesita esa misma precisión. La discusión consiste en qué posición deben conservar los territorios después de aportar y recibir recursos, y cómo se combina eso con garantizar servicios comparables. Mi prioridad es que las necesidades de la población pesen más que su capacidad recaudatoria. Para saber si un modelo lo consigue hay que ver sus cifras completas, no solo su nombre.

La deuda histórica y la infrafinanciación actual son cuestiones distintas

Aquí no sirve escribir que la deuda histórica jamás se pagó. En 2010 el Gobierno y la Junta anunciaron su liquidación, con una parte mediante bienes y derechos patrimoniales. Eso no impide discutir si aquel acuerdo fue suficiente o si su valoración fue adecuada. Pero obliga a distinguir aquella liquidación de la insuficiencia de recursos que se denuncia después. Anuncio del acuerdo en 2010 y memoria de la Dirección General del Patrimonio del Estado de aquel ejercicio.

El programa reúne reclamaciones sobre ambas cuestiones. Le pediría que las separase en sus cuentas: qué considera pendiente del acuerdo histórico, qué atribuye al sistema actual y cómo calcula cada cantidad. La reivindicación gana fuerza cuando se puede comprobar.

Las competencias no pueden ser una excusa según quién gobierne

Este programa es para unas elecciones generales. Por eso no leería sus promesas como si Adelante fuese a dirigir mañana el SAS, los colegios o los servicios sociales de la Junta desde un escaño en el Congreso.

Hay medidas estatales claras, como reformar pensiones, legislación laboral o determinados impuestos. Otras necesitan leyes básicas, financiación y ejecución autonómica. Y otras corresponden principalmente a la Junta o a los ayuntamientos. El propio documento reconoce esa distinción en varias reclamaciones sanitarias y territoriales.

Esa honestidad debe mantenerse al pedir responsabilidades. Si una comunidad defiende sus competencias de vivienda, sanidad o educación, también debe responder por cómo las utiliza. Y si el Gobierno central conserva herramientas para financiar, regular o coordinar, tampoco puede esconderse detrás de las autonomías.

Con emergencias, sequías e inundaciones ocurre algo parecido: intervienen distintas administraciones, cada una con obligaciones concretas. No se puede concluir quién incumplió simplemente leyendo qué partido gobierna en cada despacho. Hay que mirar la competencia, la información disponible, las decisiones y los tiempos.

Defender más autogobierno me parece compatible con exigir más rendición de cuentas. Lo que no aceptaría es reclamar el poder de decidir y repartir después todas las culpas fuera.

Derechos que se notan en la vida diaria

El bloque feminista incluye recursos contra las violencias machistas, medidas laborales y de cuidados y ampliación de permisos. El programa plantea permisos iguales, intransferibles y pagados al 100%, primero de seis meses y después de un año (523). Es una ambición importante, pero necesita fases, financiación y una explicación de cómo se garantiza su ejercicio también en empleos precarios.

En sanidad, la defensa del aborto en la red pública de todas las provincias tiene una consecuencia muy concreta: que ejercer un derecho no dependa de viajar, de pagar o de que el servicio se derive sistemáticamente fuera. Su cumplimiento se mide en centros, profesionales y tiempos de atención, además de en leyes.

Las propuestas LGTBI incluyen protección frente a la discriminación, acompañamiento y derechos de las personas trans (534 a 546). Para mí la pregunta útil es si una persona puede estudiar, trabajar, recibir atención sanitaria y vivir sin que su identidad se convierta en un obstáculo. Los protocolos deben proteger derechos, basarse en la atención adecuada a cada caso y permitir evaluar cómo funcionan. No hace falta convertir a nadie en una amenaza para discutirlos.

También aparecen medidas contra el racismo, a favor de los derechos de las personas migrantes y del reconocimiento del pueblo gitano. Las leería con el mismo criterio: qué barreras se eliminan para acceder a vivienda, empleo y servicios, quién garantiza ese acceso y qué recursos tiene para hacerlo. Bloques de feminismo, derechos LGTBI y derechos humanos, páginas 98 a 111.

La memoria, la cultura y el acceso a la administración también cuentan

Recuperar e identificar a quienes siguen en fosas es una obligación con sus familias. El programa recoge actuaciones concretas, como la fosa de Ronda, además de sus propuestas generales de memoria democrática. No lo trataría como un adorno cultural: hay personas que siguen esperando poder enterrar a los suyos.

La cultura andaluza aparece vinculada a creación, patrimonio y devolución de obras. Me interesa que esa defensa no se quede en una identidad de escaparate: importan el trabajo de quienes crean, las bibliotecas, los equipamientos y el acceso de quienes viven lejos de las capitales.

En la administración propone atención presencial sin que todo dependa de una cita o de manejar una aplicación, además de software libre y herramientas públicas. Lo primero afecta especialmente a mayores, personas con dificultades digitales y quien necesita resolver una urgencia. Lo segundo puede reducir dependencias empresariales, pero una plataforma pública tampoco garantiza por sí sola seguridad, accesibilidad o buen funcionamiento. Hay que mantenerla y dotarla de personal.

El deporte y la protección animal completan esa idea de servicios y bienestar. El programa incluye acceso al ejercicio y medidas veterinarias y de protección de animales (622 a 637). Conviene explicar cobertura, prioridades y coste, como con cualquier prestación. Tampoco se puede pedir que una actividad se transforme sin atender a quienes trabajan en ella.

También propone derogar normas que restringen la protesta, proteger a quienes defienden derechos humanos y establecer controles independientes sobre actuaciones policiales. Poder manifestarse, informar o denunciar abusos sin represalias es parte de la vida democrática. Suprimir una sanción injusta y disponer de mecanismos para investigar un abuso deben poder comprobarse, más allá de proclamar libertades en un programa.

Y apuesta por avanzar hacia un Estado laico y revisar inmatriculaciones. Defender la separación entre instituciones y confesiones me parece compatible con respetar la libertad religiosa. Para recuperar un bien concreto, en cambio, hay que identificarlo y acreditar la vía jurídica; una declaración general no resuelve todos los títulos de propiedad.

Sueldos políticos y medios: dos propuestas que no daría por buenas sin cambios

La propuesta 453 plantea que los cargos públicos conserven el sueldo de su profesión anterior, con una referencia específica para quienes estuvieran en desempleo. Entiendo la intención de evitar que la política se convierta en una vía de enriquecimiento. Pero ese sistema puede trasladar al cargo las desigualdades del mercado laboral.

Dos personas con la misma responsabilidad podrían cobrar distinto porque una venía de un empleo muy bien pagado y la otra de limpiar, cuidar o servir mesas. Preferiría una remuneración pública razonable, transparente y vinculada al puesto, con controles de gastos y patrimonio. La igualdad también importa dentro de la institución.

Sí me parece acertado exigir cuentas anuales sobre el cumplimiento del programa (461), publicar conflictos de intereses y facilitar el acceso a la información. Pero eso debe permitir comprobar incumplimientos, no convertirse en una presentación publicitaria del propio partido.

La propuesta 460, sobre el uso de servicios públicos por representantes, tiene un mensaje comprensible: quien los gestiona debe conocerlos. Aun así, la calidad del sistema no puede depender de que un político lo utilice personalmente. Depende de que responda por su funcionamiento ante toda la población.

La publicidad institucional no puede premiar a los amigos

Para una web como esta, la propuesta 502 merece detenerse. Busca impedir financiación pública a medios que difundan bulos de forma reiterada. El problema es quién lo determina, mediante qué procedimiento y con qué posibilidad de recurrir. El desarrollo de la medida no formula de manera expresa una exigencia de condena judicial previa.

Me parece defendible que el dinero público se reparta con criterios objetivos y no financie campañas de engaño. Pero no quiero que un gobierno pueda llamar bulo a una investigación incómoda y retirar publicidad para castigarla. Harían falta garantías independientes, criterios públicos, proporcionalidad y recurso efectivo.

El mismo listón debe aplicarse a medios afines y críticos. Que un periódico comparta mis ideas no le da derecho a recibir dinero público, y que las combata no permite excluirlo arbitrariamente.

También discutiría su elección directa del Consejo General del Poder Judicial (472). Democratizar una institución exige explicar el sistema electoral, las incompatibilidades y cómo se evita que la campaña judicial reproduzca el poder de los partidos o de quienes puedan financiarla. La independencia no se garantiza solo cambiando quién vota. Propuestas institucionales y sobre medios, páginas 90 a 96.

Rota, Morón y la política exterior: los empleos también necesitan una respuesta

El programa defiende la causa palestina y la autodeterminación del Sáhara, cuestiona el militarismo y plantea terminar con las bases de Rota y Morón. Esa posición forma parte de su idea de los derechos humanos y de la soberanía andaluza (547 a 594).

Se puede compartir el rechazo a que el territorio se utilice para operaciones militares y exigir al mismo tiempo una transición laboral concreta. En las bases, los astilleros y sus empresas auxiliares trabajan personas que necesitan algo más que la promesa de otra economía.

El documento sí contempla reconversión industrial y mantenimiento del empleo en sectores como el naval (262). Lo que falta para juzgar su viabilidad es enlazarlo con proyectos, inversión, formación, clientes y plazos. Si una decisión pretende mejorar la vida de la población, la plantilla no puede quedarse pagando la transición.

Qué han hecho cuando han podido presentar propuestas y votar

No puedo aplicar a Adelante una tabla de seis años de votos en el Congreso como si tuviera allí el mismo historial que PP o PSOE. Tampoco puedo adjudicarle lo votado por Podemos, Sumar, Izquierda Unida o Por Andalucía. Son organizaciones y trayectorias distintas, y la historia de las coaliciones obliga a identificar quién actuó en cada fecha.

Eso no impide contrastar el programa. Estos son antecedentes verificables:

Fuentes: votaciones nominales del 28 de septiembre de 2022, expediente de la propuesta de atención óptica, Pleno del Congreso del 8 de abril de 2025, debate de vivienda del 8 de octubre de 2025 y debate parlamentario sobre patrimonio del 6 de marzo de 2025.

Veo coherencia en esas actuaciones. No veo una autorización para dar por demostrada toda su capacidad futura. Un partido puede mantener una posición durante años y seguir debiendo una explicación sobre cómo la financiará o ejecutará.

La pregunta que atraviesa las 719 propuestas: con qué recursos y en qué orden

He encontrado objetivos presupuestarios, pero no una memoria económica conjunta que permita comprobar el coste neto de todo el programa, sus ingresos y su calendario. Esa diferencia importa.

Estas cifras no deben sumarse sin más. Algunas partidas pueden solaparse, unas metas incluyen gasto que ya existe y los indicadores no siempre tienen el mismo alcance. Las fuentes de ingreso también deben calcularse juntas: no se puede prometer financiar dos gastos distintos con la misma recaudación adicional.

Subir impuestos a grandes patrimonios, combatir el fraude, modificar reglas fiscales y aumentar recursos autonómicos son decisiones políticas defendibles. Pero escribirlas no permite conocer automáticamente cuánto recaudarán. Y recuperar servicios privatizados puede mejorar el control público, pero requiere personal, inversión y una transición que también cuesta dinero.

Yo pediría cuatro cosas comprensibles para cualquiera: cuánto cuesta cada bloque, de dónde sale el dinero, qué se hará primero y cómo sabremos si funciona. Para las reformas constitucionales y europeas, además, qué mayorías necesitan y qué alternativa aplicarán mientras no las consigan.

No exigiría que los derechos sociales fueran los únicos que tienen que justificarse hasta el último céntimo mientras otras decisiones pasan sin examen. Aplicaría esta exigencia también a las rebajas fiscales, los rescates y los contratos privados. Precisamente porque quiero servicios públicos que funcionen, quiero que sus compromisos puedan sostenerse.

Lo que me convence y lo que seguiría exigiendo

Este programa mira de frente problemas que a menudo se presentan como inevitables: alquileres que se comen el sueldo, jornadas que no dejan vivir, cuidados que recaen sobre las familias y servicios públicos que obligan a esperar o a pagar.

Su respuesta tiene una dirección reconocible: repartir riqueza y tiempo, ampliar la atención pública y dar a Andalucía más capacidad de decisión. Ahí hay una idea de sociedad que merece discutirse por lo que propone, sin reducirla a si molesta más o menos a las empresas que hoy prestan esos servicios.

Pero los puntos débiles también están: el límite del alquiler cambia entre el titular y el desarrollo; algunas reformas no dependen de la Junta; la reclamación sobre el Guadalquivir necesita corregir su base jurídica; el sistema de sueldos políticos puede reproducir desigualdades; y las garantías frente al uso partidista de la publicidad institucional deben ser mucho más claras. A eso se suma una financiación global que todavía necesita números.

Como cordobés que vive fuera por voluntad propia, no necesito que me vendan una Andalucía idealizada. Quiero una tierra en la que quedarse sea una posibilidad digna y volver no exija aceptar cualquier condición. En la que cuidar no te empobrezca y enfermar no te obligue a elegir entre esperar y endeudarte.

Mi forma de entender la política parte de ahí. Quien pide poder para mejorar la vida del pueblo tiene que aceptar que el pueblo le pida cuentas. También cuando sus propuestas nos resultan cercanas. Sobre todo entonces.